Un juicio que parecía dormido resurgió con fuerza y se ha convertido en uno de los escándalos jurídicos más comentados del año en Yucatán. El Tribunal Primero de Enjuiciamiento rechazó la solicitud de prescripción en el millonario y polémico caso entre Ermilo Castilla Roche y Fernando Francisco Javier Ponce García, abriendo así la puerta a lo que la defensa califica como una embestida judicial “forzada” con tufo de revancha política y empresarial.
Este expediente no solo involucra a dos poderosos nombres del empresariado peninsular, sino que ya ha llegado a los oídos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría intervenir ante lo que la defensa considera una grave violación al debido proceso.
📅 ¿Prescripción ignorada? ¡Escándalo en puerta!
De acuerdo con los argumentos presentados por la defensa, la querella fue presentada el 18 de septiembre de 2013, y para el 18 de septiembre de 2014 ya debía haber operado la prescripción, según el artículo 121 del Código Penal de Yucatán. No obstante, la Fiscalía reactivó la acusación el 15 de junio de 2015, más de ocho meses fuera del plazo legal.
“Estamos ante un proceso sin objeto jurídico, que solo se sostiene por intereses que no están en el expediente”, señalaron los abogados del acusado, encabezados por Elmer Novelo, litigante de alto perfil que ha formado parte de los equipos que defendieron a Florence Cassez y Julio Scherer.
✈️ “¡El plan delictivo nació en el aire!”
Uno de los elementos más surrealistas —y que ha encendido las alarmas del foro jurídico— es el argumento del Ministerio Público para justificar la competencia territorial en Yucatán: el supuesto plan delictivo habría sido concebido “durante un vuelo”.
Sí, así como se lee. De acuerdo con la acusación, un presunto acuerdo entre las partes se fraguó mientras ambos viajaban por aire, lo que permitiría que el caso fuera juzgado en Yucatán a pesar de que los hechos concretos ocurrieron en Quintana Roo, donde tribunales ya habían fallado a favor del acusado en todas las instancias.
“Es un pretexto burdo, que vulnera principios de competencia territorial y demuestra la intención de mantener el caso vivo a toda costa”, apuntó la defensa.
📝 Poder notarial: ¿arma o evidencia exculpatoria?
El centro de la controversia: un poder notarial plenamente vigente al momento de las operaciones inmobiliarias hoy cuestionadas. La defensa sostiene que este documento no solo era válido, sino que ya fue analizado por jueces quintanarroenses que absolvieron al acusado.
Los notarios involucrados en la emisión del poder son reconocidos legalmente, y hay dos instrumentos disponibles en el expediente que acreditan su autenticidad. La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en su invalidez, lo que para los abogados del acusado solo revela una intención de desvirtuar el proceso.
⚖️ Una justicia que no avanza… salvo cuando conviene
Según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI 2023, en Yucatán apenas 3 de cada 10 denuncias se judicializan, y los procesos suelen prolongarse cinco años en promedio. Este caso, sin embargo, lleva más de 11 años en los tribunales.
“¿Por qué este caso sigue vivo cuando otros mueren en el archivo? Aquí no hay justicia, hay selección. Hay nombres que pesan más que la ley”, comentó en voz baja un litigante que pidió el anonimato.
🧨 ¿Y ahora qué sigue?
La audiencia continuará hoy con nuevos testimonios, pero la tensión crece: la defensa ya ha dejado claro que el próximo paso será la Suprema Corte, donde buscarán exponer lo que consideran un caso emblemático de justicia selectiva, manipulación procesal y violación de derechos fundamentales.
El caso Castilla Roche vs. Ponce García ha dejado de ser solo un pleito legal: es ahora una bomba política, mediática y judicial que amenaza con sacudir los cimientos del sistema penal yucateco… y todos los ojos están puestos en la siguiente jugada.
