Propietarios de predios ubicados a lo largo de la franja costera de Progreso, Chelem y Chicxulub Puerto alistan acciones legales y denuncias millonarias contra el Estado mexicano, argumentando que la erosión acelerada de las playas —que ha destruido viviendas, negocios y espacios públicos— no responde a causas naturales, sino a decisiones humanas y errores en políticas públicas de manejo costero.
Los afectados sostienen que existen documentos oficiales que prueban la responsabilidad gubernamental, entre ellos el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-06180-21, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT el 16 de diciembre de 2021, dentro del proyecto “Construcción de una Plataforma en el Recinto Portuario del Puerto de Progreso”. En ese dictamen, la propia autoridad federal reconoce que el muelle de Progreso altera el transporte natural de sedimentos a lo largo de más de siete kilómetros, lo que genera erosión severa en la zona costera adyacente.
De acuerdo con el resolutivo, el gradiente sedimentario originado por la estructura portuaria provoca afectaciones visibles en los primeros seis kilómetros después del Puerto de Abrigo de Yucalpetén, extendiéndose los impactos hasta siete kilómetros al oriente del muelle. Sin embargo, los estudios omitieron evaluar áreas clave como Chelem Puerto, Chicxulub Puerto y el Malecón Tradicional de Progreso, donde la pérdida de arena y el avance del mar se han acelerado drásticamente desde el inicio del dragado con la draga “Fernando de Magallanes”, el 11 de enero de 2025.
Evidencias ignoradas y acciones fallidas
Los documentos en poder de los afectados indican que tanto la SEMARNAT, como la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Administración Portuaria Integral (API) y el Gobierno del Estado de Yucatán tenían conocimiento del problema ambiental y de los riesgos de erosión costera derivados de las obras portuarias. Sin embargo, acusan que no se implementaron medidas preventivas eficaces y que, por el contrario, se ejecutaron acciones improvisadas para contener los daños.
Entre ellas destacan los rellenos artificiales con arena y geotubos, aplicados en diversos tramos del litoral. Estas intervenciones, lejos de frenar el problema, resultaron ineficaces y temporales, pues el oleaje y las corrientes marinas arrasaron rápidamente los materiales vertidos. La erosión continúa a pasos acelerados, reduciendo la franja de playa y afectando no solo la estética del litoral, sino también el patrimonio de centenares de familias que habitan y trabajan en la zona.
Un daño patrimonial en aumento
De acuerdo con los testimonios de los propietarios, las pérdidas económicas y materiales ya son cuantiosas. Muchas viviendas han quedado con los cimientos expuestos o parcialmente colapsados, los negocios turísticos han visto disminuir sus ingresos por la pérdida de atractivos naturales y la plusvalía de los predios ha caído de forma alarmante.
Por ello, los afectados evalúan interponer demandas por daño patrimonial contra el Estado mexicano, amparados en los propios documentos técnicos de la SEMARNAT, que evidencian que la erosión fue provocada por obras portuarias y decisiones administrativas. “No se trata de un fenómeno natural; es consecuencia directa de la intervención humana y de la falta de planeación”, señalaron representantes legales de los vecinos.
Mientras tanto, la costa de Progreso continúa retrocediendo. Lo que antes eran amplias playas turísticas ahora muestra muros improvisados, geotubos rotos y casas al borde del colapso. La situación ha encendido las alarmas entre ambientalistas y especialistas, quienes advierten que si no se detiene el proceso erosivo, la línea costera podría sufrir daños irreversibles en los próximos años.
