La administración de la alcaldesa Kenia Walldina Sauri Madariaga, del partido Morena, vuelve a estar en el ojo del huracán. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) reveló un presunto daño patrimonial por más de 1.2 millones de pesos durante los primeros cuatro meses de su gestión, abriendo un nuevo capítulo de polémicas, opacidad y desconfianza en el Ayuntamiento de Umán.
Según el informe entregado al Congreso estatal el pasado 30 de octubre y difundido este martes, el gobierno municipal no pudo justificar el uso de 1,252,485.52 pesos destinados a servicios básicos como jardinería, fumigación, asesorías legales y eventos sociales. La falta de contratos, requisiciones y comprobantes válidos llevó a la ASEY a clasificar el caso como un “daño directo al patrimonio municipal”.
En una ciudad donde el 40% de la población vive en condiciones de pobreza moderada (de acuerdo con el Coneval), esta omisión se percibe como una traición al voto de confianza otorgado por los umanenses. A pesar de la gravedad del señalamiento, Sauri no ha ofrecido declaraciones públicas ni ha mostrado documentos que aclaren el destino del dinero.
Silencio, nepotismo y promoción personal
El escándalo financiero se suma a una cadena de controversias que han marcado la gestión de Sauri desde su llegada al poder en agosto de 2024. En septiembre, el PAN denunció ante el IEPAC una posible violación electoral por promoción personalizada: las iniciales K.W. y su nombre completo fueron grabados en obras públicas —parques, domos y canchas— financiadas con recursos municipales. “Las obras son del pueblo, no de una persona”, denunció el panista Jorge Antonio Ortega Cruz, quien presentó fotografías como evidencia.
Conflictos vecinales y obras cuestionadas
La administración de Sauri también enfrenta rechazo social por imposiciones urbanas. En julio pasado, habitantes del fraccionamiento San Lázaro bloquearon accesos a la ciudad en protesta por un gasoducto instalado sin consulta ciudadana. Días después, una jueza federal ordenó suspender la construcción de una estación de gas natural a 300 metros de viviendas, tras acusaciones de engaño y falta de transparencia del Ayuntamiento.
De polémicas personales a decisiones arbitrarias
A las críticas por opacidad se suman los cuestionamientos éticos. En febrero de 2023, antes de asumir la alcaldía, Sauri fue detenida en un alcoholímetro en Mérida con un nivel de 0.96 de alcohol en sangre, gritando “¡Soy asesora de Morena, no me pueden detener!”. El episodio, lejos de olvidarse, ha sido recordado como reflejo de una conducta altiva que ahora se repite en la administración pública.
Además, familiares cercanos y allegados políticos ocupan cargos dentro del Ayuntamiento, lo que ha desatado acusaciones de nepotismo. En redes sociales, los ciudadanos también cuestionaron decisiones como la prohibición temporal de criar animales de traspatio —medida que afectó a familias rurales— y la cancelación de apoyos a la marcha LGBTIQ+ de 2025, calificada por activistas como un acto de discriminación.
Exigen transparencia y sanciones
Ante la revelación de la ASEY, el Congreso estatal analiza posibles sanciones administrativas o penales, mientras la ciudadanía exige rendición de cuentas inmediata. Organizaciones civiles piden que el caso sea turnado a la Fiscalía Anticorrupción y que se establezcan auditorías especiales.
En Umán, la indignación crece. Lo que empezó como una promesa de “bienestar para todos” hoy se percibe como un símbolo del abuso de poder y el desvío de recursos públicos. Si la alcaldesa no ofrece pruebas concretas sobre el destino de los fondos, su gestión podría quedar marcada no solo por un daño patrimonial, sino por un daño irreparable a la confianza ciudadana.
