La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró este miércoles las obras que la empresa CRIO realizaba en el sitio arqueológico Tzemé, ubicado en la comunidad maya de Kinchil, por ocasionar daños al patrimonio histórico y ambiental de la zona.
De acuerdo con el Consejo Comunitario de Kinchil, la empresa inició los trabajos a mediados de octubre, pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya había emitido una orden de suspensión. Dicha orden fue ignorada por la compañía, que continuó las labores sin intervención efectiva de la autoridad federal.
La clausura de PROFEPA se suma a la suspensión del INAH, por lo que, en caso de persistir las obras, la empresa incurriría en un delito federal doble, señalaron representantes de la comunidad.
Durante la visita de verificación, los pobladores expresaron su preocupación por el daño causado al patrimonio arqueológico y al ecosistema local.
Federico May, integrante del Consejo Comunitario, afirmó que el sitio devastado “era una selva, hogar de especies en peligro de extinción”, y que la clausura representa apenas un primer paso en la defensa de su territorio. “Caminando encontramos restos de vasijas de nuestros antepasados, una muestra del desastre que ha causado esta empresa violando todas las leyes ambientales y culturales”, agregó.
Por su parte, Félix Canul, poseedor de tierras en la zona, denunció la pérdida de su ganado tras el derribo de cercos por parte de la empresa. “Mi familia tiene un rancho aquí desde hace cuatro generaciones y ahora estamos tristes por ver cómo destruyeron el cerro Kolotsó, que nadie había tocado por cientos de años”, lamentó.
En tanto, Gregoria del Rosario, productora apícola, señaló afectaciones a la producción de miel y al entorno natural. “Las colmenas están llenas de moscas y ya no hay orégano ni floración. El gobierno habla del Renacimiento Maya, pero nosotros, los verdaderos mayas, no tenemos apoyo”, expresó.
La clausura ocurre el mismo día en que el INAH y el Gobierno del Estado de Yucatán presentaron un convenio para la protección del patrimonio arqueológico de la entidad, hecho que los pobladores calificaron como una contradicción.
“El mismo día que anuncian ese acuerdo, en Tzemé seguían llegando volteos con material para tapar los vestigios”, denunció Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa.
Oceransky señaló que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de proteger el patrimonio arqueológico y ambiental. “Cuando hay intereses económicos fuertes, los mecanismos de protección no funcionan. Por eso estamos emprendiendo acciones legales junto con la comunidad para que se castigue a los responsables y se restaure la selva y los vestigios de Tzemé”, concluyó.
