En aparente disputa entre los cercanos al exgobernador Rolando Zapata Bello, el medio «Latinus» ventiló anoche que en Yucatán se consumó uno de los mayores despojos inmobiliarios de su historia: al menos 24 extensiones de terrenos nacionales, sumando unas 11,000 hectáreas, fueron tituladas como privadas mediante documentos alterados, beneficiando a políticos y sus familias.
Entre los beneficiados con ese impune despojo figuran políticos de los gobiernos de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. El reportaje habla de zonas costeras, playas y tierras fértiles que en su momento pertenecieron a la nación —y a todos los yucatecos—, hoy convertidas en negocios millonarios de mansiones, fraccionamientos y plusvalía.
El despojo sistemático de tierras no es un asunto aislado: se ha estructurado como una “mafia inmobiliaria” con sus tentáculos en dependencias públicas, notarios, registros agrarios y avales legales.
En el caso denunciado, terrenos nacionales en municipios costeros fueron titulados ilegalmente, muchas veces asignados a permisos de particulares o familiares de exfuncionarios, y luego revendidos con valorizaciones espectaculares. Este mecanismo —documentado por medios locales de Yucatán y reportajes recientes— ha desplazado a pescadores, ejidatarios y comunidades tradicionales, mientras el litoral se privatiza bajo un manto de impunidad.
Otro caso de la mafia inmobiliaria en Yucatán, que ahora involucra a los gobiernos de Ivonne Ortega y Rolando Zapata, llegó al programa Latinus que conduce el periodista Carlos Loret de Mola.
Esa ilegal operación que dejó millonarias ganancias involucró 24 grandes extensiones de terrenos de la nación que abarcan una 11,000 hectáreas. Esta extensión, dice la nota periodística, equivale a lo que abarca la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México.
El fraude, presentado este lunes, afectó terrenos nacionales en 14 regiones del estado, los cuales fueron privatizados para después venderlos. Parte de los beneficiados son familiares de funcionarios estatales.
Varios predios quedaron en manos de la mamá y una hermana de Roberto Rodríguez Asaf, quien fue Secretario de Finanzas en la administración de Ivonne Ortega y después Secretario de Gobierno con Rolando Zapata.
Para apropiarse de ese bien público se recurrió a dos cosas: falsificación de documentos y alteración de registros oficiales.
-Esto con la probable complicidad de funcionarios estatales -dice la nota periodística.
En investigación de la periodista Cecilia Reynoso se expone que ese despojo de terrenos de la nación en Yucatán ocurrió entre finales del gobierno de la entonces priista Ivonne Ortega (2007-2012), hoy diputada por Movimiento Ciudadano, y todo el sexenio de su sucesor, el gobernador Rolando Zapata, actualmente senador por el PRI (2012-2018).
Un ejemplo de ese despojo son 600 hectáreas de Sisal, en Hunucmá, con valor catastral actual superior a los $160 millones. Su valor comercial es muchísimo mayor.
La investigación periodística indica que también se intentó el despojo de terrenos particulares. En este caso dos de los afectados son los empresarios Gerardo Millet y Carlos Trujillo, quienes llevan años de lucha jurídica al respecto.
Se menciona que en esta trama hubo participación clave del Instituto de Seguridad Jurídica, que tuvo como directores a Luis Esquivel, Rubén Segura Pérez y Pablo Castro. Este último ocupa una subsecretaría en el gobierno del Joaquín Díaz Mena.
Latinus entrevistó al exgobernador Rolando Zapata, quien afirmó que durante su gobierno todas las acciones se hicieron con apego a la ley. La exgobernador Ivonne Ortega no quiso hablar del asunto.
Lo más grave es la continuidad del saqueo con protección política. A pesar de sentencias que han declarado nulas asambleas fantasma y cesiones fraudulentas —como en el caso del supuesto fraude del predio “Patrimonio Kanasín, S.A. de C.V.”—, los efectos siguen: miles de hectáreas siguen fuera del control del Estado y muchas familias siguen luchando por recuperar sus tierras. Mientras tanto, los protagonistas de este robo siguen paseándose con impunidad, mientras la costa y el patrimonio colectivo se deterioran.
El reclamo ciudadano debe ser claro: recuperar lo robado, sancionar a los culpables y devolverle al pueblo lo que nunca debió dejar de ser suyo.
