Ciudad de México.– Un caso que ha generado fuerte impacto social y debate nacional es el de Rosa García, una mujer dedicada a la venta de tamales, quien actualmente enfrenta un proceso penal por la muerte de 12 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Unión Tepito”, uno de los grupos delictivos más peligrosos que operan en la capital del país.
De acuerdo con información que circula en ámbitos judiciales y de seguridad, la mujer habría sido víctima constante de extorsión, obligada a pagar 1,200 pesos semanales por concepto de “derecho de piso”, bajo la amenaza de que su mercancía fuera decomisada o de sufrir agresiones físicas si incumplía.
Extorsión sistemática y miedo a denunciar
Según versiones del caso, Rosa García llevaba años siendo víctima de cobros ilegales, una práctica común que afecta a cientos de pequeños comerciantes en zonas dominadas por grupos criminales.
Denunciar ante las autoridades no era considerado una opción viable, ya que —según su entorno— existía temor fundado de colusión entre policías y grupos delictivos, además de antecedentes de otros comerciantes que habrían sido golpeados o asesinados tras intentar denunciar.
Este contexto de violencia estructural, impunidad y abandono institucional habría sido determinante en las decisiones que posteriormente la llevaron ante la justicia.
Los hechos y la detención
De acuerdo con la investigación, la mujer habría ganado la confianza de los presuntos criminales, quienes frecuentaban su punto de venta. Posteriormente, en un hecho que hoy es materia de análisis judicial, 12 personas perdieron la vida, situación que derivó en su detención inmediata.
Las autoridades confirmaron que Rosa García fue puesta a disposición del Ministerio Público y actualmente enfrenta cargos por homicidio múltiple, delitos que, en conjunto, podrían representar una pena superior a los 200 años de prisión, conforme al marco legal vigente.
Debate social: víctima o responsable
El caso ha provocado una intensa discusión en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan:
¿Hasta dónde puede llegar una víctima de extorsión? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado ante la falta de protección a comerciantes? ¿La violencia puede entenderse fuera del contexto de abandono institucional?
Especialistas en derechos humanos han señalado que el caso refleja fallas graves en los sistemas de prevención del delito, atención a víctimas y combate a la extorsión, uno de los delitos con menor tasa de denuncia en México.
Un reflejo de la crisis de seguridad
Más allá del proceso penal, el caso de Rosa García pone sobre la mesa una realidad que viven miles de comerciantes: pagar o morir, en zonas donde el crimen organizado impone sus propias reglas.
