Ante los recientes señalamientos del Ejecutivo estatal por la no aprobación de su solicitud de endeudamiento, el diputado local del PRI, Gaspar Quintal Parra, aseguró que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad constitucional de actuar como garante de la salud financiera de Yucatán, y no como una instancia que apruebe créditos sin sustento técnico ni legal.
El legislador lamentó que se pretenda politizar una decisión que —subrayó— es estrictamente técnica, jurídica y financiera, y aclaró que la propuesta presentada por la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera ni en la Ley de Deuda Pública del Estado.
“No se trata de una negativa por consigna, sino de una exigencia de claridad y legalidad. El dinero público es sagrado y cualquier crédito que comprometa el futuro de los yucatecos debe estar plenamente justificado, peso por peso y obra por obra. Lo que se envió fue una intención, no un proyecto técnico sustentable”, puntualizó Quintal Parra.
El diputado explicó que la solicitud de endeudamiento omitió elementos fundamentales de la normatividad vigente, entre ellos la prohibición expresa de solicitar recursos globales sin etiquetar, ya que el documento no especificaba la localización precisa ni los conceptos concretos de las obras a financiar, dejando el uso de los recursos al arbitrio del Ejecutivo, lo cual vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, señaló que la propuesta carecía de indicadores de impacto económico y social, indispensables para demostrar que la deuda generaría beneficios medibles en el patrimonio público o en el bienestar de la población.
“Para que una deuda sea legal, debe traducirse en beneficios reales y cuantificables. En este caso, no se presentaron indicadores que acrediten cómo ese endeudamiento fortalecería el desarrollo del estado”, afirmó.
Quintal Parra añadió que tampoco se incluyó una vinculación clara con las partidas del Presupuesto de Egresos vigente, ni un análisis de sensibilidad que evaluara la capacidad de pago del Estado frente a las actuales tasas de interés, lo que impide medir los riesgos financieros a mediano y largo plazo.
El legislador reiteró que el procedimiento para autorizar deuda pública está claramente establecido en la ley y no depende de negociaciones políticas, sino de rigor administrativo y cumplimiento normativo. Detalló que cualquier solicitud viable debe incluir cédulas de proyecto completas, con la identificación precisa de cada obra, su costo estimado, impacto regional, análisis de sostenibilidad financiera y un dictamen que garantice que el servicio de la deuda no comprometerá la operatividad del gobierno.
Además, subrayó la necesidad de una transparencia preventiva, que contemple el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la publicación de cronogramas de ejecución física y financiera.
Finalmente, Gaspar Quintal reafirmó que la disciplina financiera no es una opción, sino una obligación constitucional.
“Si el Ejecutivo presenta una propuesta que cumpla con el formato legal y demuestre con claridad el beneficio para Yucatán, encontrará en nosotros una postura constructiva. Pero no aprobaremos deudas que carezcan de rostro, destino y sustento legal”, concluyó.
