–El Tribunal Colegiado interviene ante la omisión de las autoridades y la operación clandestina de la empresa SANA , que pone en riesgo el agua de más de un millón de personas.
En un fallo histórico que prioriza el derecho a la salud sobre intereses económicos, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa otorgó una suspensión provisional (expediente 2697/2025-V-A) para frenar definitivamente el basurero municipal de Kanasín. La resolución llega tras años de denuncias ciudadanas y la evidencia de una contaminación irreversible al acuífero que abastece a la Zona Metropolitana de Mérida.
El acuífero de Mérida bajo amenaza
Pese a que el sitio ya contaba con sellos de clausura impuestos por la Profepa en octubre de 2025, investigaciones y material videográfico confirmaron que la empresa SANA continuó operando en la clandestinidad. El tribunal calificó la situación como un “riesgo real e inmediato”, señalando que el vertedero opera violando sistemáticamente la NOM-083-SEMARNAT-2003.
La falta de geomembranas y sistemas de control de lixiviados es crítica debido al suelo kárstico de Yucatán. Esta característica geológica permite que los contaminantes se filtren casi instantáneamente al subsuelo, alcanzando el agua que consume más de un millón de habitantes.
Un foco de infección a las puertas de la Reserva Cuxtal
El basurero no solo se encuentra en la ilegalidad administrativa, sino geográfica: está ubicado a menos de dos kilómetros del Anillo de Cenotes y colinda con la Reserva Ecológica Cuxtal. Durante más de cinco años, las autoridades permitieron el depósito de hasta 188 toneladas diarias de basura sin permisos vigentes.
“El interés social y público está en la protección de los acuíferos subterráneos”, sentenció el Tribunal, dejando claro que no existe servicio público que justifique el envenenamiento del agua.
Impunidad y desacato
La gravedad del caso se agrava por el desacato a las autoridades federales. Tras la clausura simulada, camiones recolectores de SANA fueron captados ingresando al predio, ignorando los sellos oficiales. Los vecinos, quienes han padecido desde incendios tóxicos en 2022 hasta olores fétidos constantes, exigen castigo para los responsables.
Con la reciente queja 1/2026, el municipio de Kanasín está obligado a buscar alternativas legales y seguras para la gestión de residuos, mientras la sociedad civil vigila que, esta vez, la ley no sea ignorada.
