La terminación de un contrato de servicios con el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) habría dejado en el limbo laboral a al menos 24 trabajadores, quienes denuncian haber sido despedidos sin recibir el pago de su salario ni el finiquito correspondiente, situación que hoy los mantiene en una condición de incertidumbre económica y vulnerabilidad.
Uno de los casos es el de Don Florentino, de 64 años de edad, quien asegura que fue separado de su puesto desde el mes de enero sin que hasta la fecha se le haya cubierto el sueldo devengado ni las prestaciones que marca la ley. Su testimonio refleja una problemática que, según los propios afectados, no es aislada, sino parte de un incumplimiento generalizado por parte de la empresa para la que laboraban.
De acuerdo con los trabajadores, la empresa que prestaba servicios al Tecnológico de Mérida dejó de ser contratada para el año 2026, lo que derivó en la conclusión de la relación laboral. No obstante, señalan que, pese a haber cumplido con sus funciones hasta el último día, no se les ha pagado el tiempo ya trabajado, ni se les ha entregado el finiquito correspondiente.
Dos de los empleados afectados explicaron que su exigencia es clara y concreta: el pago inmediato de su salario pendiente y el cumplimiento de las prestaciones laborales, conforme a lo establecido por la ley. Subrayaron que varios de ellos dependen exclusivamente de estos ingresos para cubrir gastos básicos como alimentación, renta, servicios y atención médica, por lo que la falta de pago ha tenido un impacto directo en su calidad de vida.
Los denunciantes identificaron a Alejandra Bautista Ramírez, contadora y presunta responsable de la empresa, como la persona encargada de realizar los pagos; sin embargo, afirman que hasta el momento no han recibido una respuesta clara, ni se les ha informado una fecha concreta para el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes.
Ante este escenario, los trabajadores hicieron un llamado directo al Instituto Tecnológico de Mérida para que intervenga como instancia vinculada a los servicios que ellos prestaron, con el objetivo de que se pueda mediar en el conflicto y garantizar el respeto a los derechos laborales de quienes aseguran haber cumplido cabalmente con su trabajo.
Finalmente, los afectados advirtieron que no descartan acudir a las autoridades laborales correspondientes, en caso de que no se logre una solución pronta. Reiteraron que su demanda no es extraordinaria ni fuera de la ley: exigen únicamente recibir el pago que legalmente les corresponde tras su despido.
