En un movimiento contundente a favor de la transparencia y la legalidad, el Cabildo de Mérida aprobó por mayoría iniciar el proceso administrativo para revocar la concesión de la planta de separación de residuos inorgánicos. La decisión, respaldada por diversas fuerzas políticas, surge tras la detección de irregularidades operativas durante el último año.
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Bajo la premisa de “nadie está por encima de la ley”, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada encabezó la sesión donde se determinó que la empresa concesionaria habría incurrido en múltiples fallos contractuales a lo largo de 2025. Según los informes de la Secretaría Técnica de Gestión Integral de Residuos, la planta no cumplió con los estándares de servicio público exigidos.
Para garantizar la legalidad del proceso, se ha conformado una Comisión Especial pluripartidista integrada por nueve regidores de distintas fracciones edilicias. Este equipo será el encargado de analizar las pruebas, escuchar la defensa de la empresa (asegurando el debido proceso) y emitir un dictamen final.
”Este proceso se conduce bajo criterios estrictamente institucionales, priorizando el bienestar de la ciudadanía y la correcta prestación de los servicios públicos”, afirmó Patrón Laviada.
El procedimiento se fundamenta en el artículo 105 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de ciudad sustentable y ordenada donde los contratos públicos se respeten a cabalidad.
