• El exfuncionario de la administración de Rubén Rocha Moya se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. El caso coincide con la captura de Gerardo Mérida, extitular de Seguridad en Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregó en Europa. El exfuncionario estatal acordó entregarse de manera inmediata a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los cargos que se le imputan.
Díaz Vega tomó la decisión de ponerse a disposición de la justicia estadounidense con el objetivo de negociar un posible acuerdo judicial. Busca colaborar con el Departamento de Justicia (DOJ) para reducir una eventual condena relacionada con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos ha confirmado la entrega o detención. El Departamento de Justicia no ha emitido un posicionamiento público al respecto. Sin embargo, reportes de inteligencia lo ubican entre los exfuncionarios investigados por presuntamente facilitar operaciones del crimen organizado desde cargos públicos, lo que incluye protección institucional, filtración de información oficial y corrupción vinculada al tráfico de drogas.
Conexión con la captura de Gerardo Mérida Sánchez
Este reporte surge apenas unas horas después de que se diera a conocer la detención de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, también bajo la gestión de Rocha Moya.
Como informamos hace unas horas, Mérida Sánchez fue arrestado por autoridades estadounidenses en el estado de Arizona y posteriormente presentado ante un juez federal en Tucson. Registros actuales de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos confirman que el exjefe de la seguridad sinaloense permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se le investiga por presuntos vínculos con operaciones del narcotráfico.
La detención del militar podría arrojar datos del papel que jugó Jorge Ermilo Barrera Novelo, actual secretario de Economía y Trabajo y principal proyecto político de la mafia de Yucatán, en la red de huachicol de Puebla.
La coincidencia en los tiempos de ambos casos incrementa la presión sobre la actual administración estatal, en un escenario donde la justicia estadounidense parece acelerar las acciones contra excolaboradores de primer nivel del gobierno de Sinaloa.
