La imagen “sustentable” que la empresa avícola Bachoco presume a nivel nacional se desmorona en Yucatán. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las actividades de desmonte ilegal realizadas por la compañía en el municipio de Kanasín, luego de comprobar la destrucción de 23 hectáreas de selva baja caducifolia sin contar con autorización ambiental alguna.
La intervención de la autoridad federal se dio tras una denuncia ciudadana, lo que deja en evidencia que, de no ser por la presión social, el daño habría continuado en silencio.
Durante inspecciones realizadas los días 3 y 4 de diciembre, personal de Profepa constató que en los predios Granjas Avícolas Bachoco Teya 5 y Teya 6, ubicados en la Hacienda Teya, la empresa había arrasado con vegetación forestal al margen de la ley.
El resultado: suelo completamente expuesto, fragmentación severa del hábitat, destrucción de flora nativa y ausencia total de medidas de conservación, en una zona que ya enfrenta una fuerte presión por el crecimiento urbano desordenado. Lejos de actuar con responsabilidad ambiental, Bachoco optó por el camino más corto: desmontar y avanzar, aun sabiendo que se trataba de terrenos forestales protegidos.
Lo más grave es que, durante la inspección, la empresa no pudo presentar ninguna autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo, requisitos obligatorios para cualquier intervención en ecosistemas forestales. Es decir, el desmonte fue plenamente ilegal.
Además, en el sitio se identificaron remanentes de vegetación sin protección y la presencia potencial de fauna silvestre, incluida la iguana rayada (Ctenosaura similis), especie catalogada como Amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La destrucción del hábitat de especies protegidas eleva el caso de una simple irregularidad administrativa a un daño ambiental grave.
Ante la magnitud del impacto, Profepa impuso la clausura temporal total de las actividades de desmonte en una superficie de 230,791 metros cuadrados, colocando sellos oficiales en los accesos de ambas granjas. Sin embargo, la medida llega después de que el daño ya fue consumado.
El caso de Bachoco en Kanasín exhibe una práctica recurrente: grandes corporativos que actúan con impunidad, devastan ecosistemas y sólo frenan cuando la autoridad es obligada a intervenir. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿habrá sanciones ejemplares y reparación del daño, o este ecocidio quedará como otro expediente más archivado en la historia ambiental de Yucatán?
