Un creador de contenido identificado como Ángel M. se encuentra bajo observación de las autoridades tras difundirse un video de tono humorístico en el que aparece ataviado con uniforme oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, ostentando insignias y distintivos reservados a los cuerpos policiales, acto que podría acarrearle consecuencias penales conforme a la legislación vigente en el estado.
La pieza audiovisual, ampliamente compartida en redes sociales, muestra al influencer portando prendas con emblemas propios de la corporación estatal, lo que encendió alertas entre especialistas en derecho penal y autoridades de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, debido a que dichos símbolos constituyen elementos institucionales protegidos por la ley.
Disposición legal aplicable
El Artículo 290 del Código Penal del Estado de Yucatán, relativo a la usurpación de funciones públicas y al uso indebido de uniformes o insignias, establece sanciones de tres meses a tres años de prisión, además de multas económicas, para quienes utilicen sin autorización distintivos oficiales de corporaciones de seguridad.
La normativa sanciona, entre otros supuestos, a quien:
Se atribuya carácter de servidor público sin serlo Use credenciales, uniformes o grados jerárquicos sin derecho Emplee símbolos oficiales que puedan inducir a error a la ciudadanía
Bajo este marco, el uso de uniformes policiales —sean auténticos o imitaciones fieles— puede constituir delito, independientemente del carácter humorístico o escénico del contenido.
Elementos en análisis jurídico
Especialistas señalan que para determinar la existencia de responsabilidad penal deberán valorarse diversos aspectos, tales como:
La autenticidad o fidelidad de los distintivos utilizados La posible intención de atribuirse funciones de autoridad El grado de confusión que pudo generar en la población El contexto satírico o paródico del material difundido
Aunque el video se presentó como comedia, la legislación no contempla excepciones automáticas por motivos de sátira, por lo que corresponderá a la autoridad determinar si hubo suplantación de funciones o afectación a la confianza pública.
