Ejidatarios del municipio de Baca denunciaron una presunta estrategia para obtener su aval en la renta de 133 hectáreas de uso común durante un periodo de hasta 30 años, en beneficio del empresario Pedro Solís Millet, lo que ha generado inconformidad y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso.
Según testimonios de campesinos, la inconformidad se originó tras una reunión realizada el 27 de diciembre en un predio particular, donde —afirman— un colaborador cercano al empresario ofreció tres mil pesos a cambio de aprobar una asamblea programada para el día siguiente. A dicha reunión acudió un grupo considerable de ejidatarios, quienes escucharon la propuesta económica vinculada a la cesión de las tierras comunales.
El 28 de diciembre se efectuó la asamblea ejidal en la casa ejidal. De acuerdo con los denunciantes, muchos asistentes acudieron con la intención de respaldar el acuerdo, motivados por lo planteado en la reunión previa. Posteriormente, aseguran, se les entregó un apoyo de 500 pesos a cada participante como “agradecimiento”.
Campesinos señalan que, antes de retirarse, se les reiteró la importancia de aprobar la renta de las 133 hectáreas, lo que —según su versión— consolidaría el control del terreno por tres décadas. Para varios ejidatarios, el monto ofrecido resulta desproporcionado frente al valor real de la tierra y al tiempo comprometido.
La tensión aumentó cuando comenzaron trabajos con maquinaria pesada en la zona, incluyendo limpieza, trazo y desmonte. Habitantes aseguran que estas acciones afectan áreas donde existen distintos propietarios o posesionarios, algunos de los cuales afirman no haber dado su consentimiento ni haber sido informados plenamente.
Además, los inconformes indican que el 2 de febrero se les prometió un convivio como seguimiento al acuerdo, pero el empresario no se presentó ni ha ofrecido explicaciones públicas desde entonces, lo que ha alimentado la percepción de engaño entre parte de la comunidad.
Especialistas en materia agraria señalan que la renta de tierras ejidales de uso común por largos periodos puede tener consecuencias profundas para el patrimonio colectivo, particularmente cuando no existe información suficiente, asesoría técnica independiente o consenso pleno entre los miembros del núcleo agrario.
Hasta ahora, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte del empresario señalado. Mientras tanto, el caso mantiene dividido al ejido y ha encendido alertas sobre la protección de las tierras comunales en una zona donde el crecimiento económico y los intereses privados presionan cada vez más sobre la propiedad social.
El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente sobre la forma en que se negocian y autorizan proyectos en territorios ejidales de Yucatán, así como sobre los mecanismos de defensa de las comunidades frente a acuerdos que comprometen su patrimonio a largo plazo.
