Representantes de comunidades mayas de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas y Santa María Chí, junto con la Fundación Yansa, denunciaron el incumplimiento sistemático de órdenes judiciales y clausuras por parte de empresas inmobiliarias y porcinas, así como la inacción de autoridades federales como PROFEPA, INAH y SEMARNAT.
Las y los defensores señalaron que, pese a suspensiones vigentes, continúan obras que provocan devastación ambiental y daño al patrimonio arqueológico, como en el sitio maya de Tzemé, el desarrollo Cedrón en Ixil y el megaproyecto Ciudad Maderas. Afirmaron que estas actividades avanzan bajo “protección institucional” y pidieron la destitución inmediata de los titulares de PROFEPA e INAH en Yucatán.
En Ixil y Kinchil denunciaron detonaciones, afectaciones a viviendas, amenazas, hostigamiento y campañas de difamación contra personas defensoras y contra integrantes de la Fundación Yansa. También acusaron que las clausuras emitidas por PROFEPA son “sólo simulación”, pues las empresas continúan operando sin consecuencias legales.
Además, en Kinchil ejidatarios confrontaron a un abogado que presuntamente ofreció trámites de privatización de tierras de uso común a cambio de pagos y documentos, lo que provocó un conflicto que requirió intervención policial.
Las comunidades hicieron un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal para garantizar la protección del territorio, la cultura y la integridad de las personas defensoras, y para asegurar que las instituciones cumplan y hagan cumplir la ley.
