El Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán publicó ayer el acuerdo de admisión de la demanda de amparo 1612/2025 [1] interpuesta por el Consejo Comunitario Ixil [2] contra el Convenio de Coordinación de la Zona Metropolitana de Mérida, y concedió la suspensión provisional solicitada para efectos de que no sea ejecutado dicho Convenio.
Debido a ello, el Convenio firmado el pasado 8 de agosto por 14 Presidentes Municipales, por el Gobierno del Estado y por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no podrá ser ejecutado en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Si se concede la suspensión definitiva, el Convenio no podrá ser ejecutado hasta que haya una sentencia firme en el juicio de amparo.
La presentación de esta demanda fue decidida por unanimidad por la Asamblea Comunitaria de Ixil celebrada el viernes 15 de agosto, debido a que la comunidad no fue consultada ni dio nunca su consentimiento a ser incluida en la Zona Metropolitana de Mérida.
Peregrina Cutz, miembro del Consejo Comunitario Ixil, declaró: “Celebramos esta suspensión pues evita que se violen nuestros derechos como comunidad maya, incluyendo el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y el derecho a un medio ambiente sano. Confiamos en que se concederá la suspensión definitiva y que la sentencia declarará inconstitucional la firma del Convenio. De este modo, podremos decidir nuestro futuro y ejercer nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, que se ven amenazados por nuestra inclusión en la Zona Metropolitana de Mérida.”
Ingrid Quijano, también del Consejo Comunitario, se refirió a las declaraciones de Zoraya Berenice Rivera Silva, Regidora de Mérida, en la reunión convocada por el Ayuntamiento de Ixil el pasado 20 de agosto [3]: “Esta regidora hizo una impresionante demostración pública del racismo, clasismo e ignorancia de las élites de Yucatán, que nunca han entendido la cultura maya, nuestra forma de vida y nuestra relación con el medio ambiente. Las palabras de esta señora, afirmando que la urbanización es progreso, que no usar alpargatas es progreso, afirmando que con la Zona Metropolitana ya no usaremos letrinas sino baños, revelan el desprecio de la clase política yucateca a la cultura maya y a nuestras comunidades, y reflejan su incultura, necedad y grosería. Este comportamiento no se limita a esta persona, lo vivimos los mayas de manera cotidiana, especialmente en las zonas urbanas. Las élites yucatecas se creen superiores pero son quienes están destrozando Yucatán, llenándolo todo de contaminación y devastando nuestra vida y cultura. Las palabras de esta señora nos convencen aún más de la necesidad de rechazar nuestra inclusión en la Zona Metropolitana de Mérida. Defenderemos nuestro derecho a seguir siendo una comunidad sana, libre y orgullosamente maya.”
Emanuel Chan, del Consejo Comunitario Ixil, continuó respondiendo a la regidora Rivera Silva: “Progreso es buscar el bienestar de la comunidad, la preservación de nuestra cultura, la conservación de la naturaleza de la que dependemos, progreso es tener agua limpia y abundante, es poder salir a cualquier hora sin temor, es que las niñas y los niños puedan salir a jugar sin que nos preocupe el tráfico ni la inseguridad. Progreso es seguir siendo libres, tomar decisiones en asamblea, decidir en comunidad qué futuro queremos. Progreso es proteger nuestras raíces y nuestro territorio ancestral, vivir con orgullo como comunidad maya, con nuestra vestimenta, nuestra música, nuestras festividades. Progreso es vivir en una comunidad con igualdad social, donde no estemos al servicio de los ricos que quieren despojarnos de nuestras tierras. Perderemos todo eso si permitimos que nos incluyan en la Zona Metropolitana de Mérida. Pensamos que el motivo por el que quieren meternos a la fuerza es que de ese modo Ixil ya no podrá decidir sobre el ordenamiento y la planeación urbana, esas atribuciones pasarían del municipio a la Zona Metropolitana, lo que les permitiría aprobar los desarrollos inmobiliarios que el pueblo maya de Ixil ha rechazado de forma unánime. Nos quieren engañar una vez más, vendernos espejitos para quedarse con nuestro territorio. No lo permitiremos.”
Según informaciones públicas [4], la regidora Rivera Silva fue vicepresidenta de comité en la Asociación Civil llamada Juntos Sembrando Yucatán, dirigida hasta diciembre de 2020 por Jessica Saidén Quiroz, hija de Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Los Saidén figuran como copropietarios de tierras comunitarias de Ixil junto a la familia Abimerhi. La SSP ejecutó un violento operativo policial en Ixil el 17 de agosto de 2023 para “asegurar” unas 350 hectáreas de tierras comunitarias de Ixil de la que se ostentan como propietarios las familias Abimerhi y Millet.
Cristina Chim, también del Consejo Comunitario, agregó: “Esta suspensión demuestra la importancia que las comunidades cuenten con un órgano de autogobierno y representación legal como comunidad indígena que sea autónoma e independiente de las autoridades municipales y ejidales y de todos los partidos políticos. No es la primera vez que el Consejo Comunitario Ixil ejerce la defensa de los derechos colectivos de la comunidad de acuerdo al mandato de la asamblea comunitaria. En 2023 y 2024, cuando las autoridades municipales y ejidales actuaban a favor de despojadores de tierras, el Consejo Comunitario fue el órgano que defendió nuestras tierras y derechos ante los tribunales. Animamos a otras comunidades a organizarse, elegir sus órganos de representación y defender sus derechos.”
Miguel Angel Navarro Chim, miembro del Consejo Comunitario, se dirigió también a otras comunidades afectadas: “Sugerimos a las demás comunidades o comisarías mayas que fueron incluidas en la Zona Metropolitana sin su consentimiento que presenten sus propias demandas de amparo. Esto es importante porque incluso si la suspensión definitiva impide la ejecución del convenio, la sentencia final podría proteger solo a Ixil. Es mucho lo que está en juego con la expansión de Mérida. Por ejemplo, los apicultores necesitan áreas grandes de monte para su producción. Debemos detener la expansión del área urbana de Mérida para conservar nuestra forma de vida.”
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa AC, que provee asesoría legal gratuita a Ixil, agregó: “Si hay comunidades mayas que deseen ampararse ante su inclusión en la Zona Metropolitana, pueden contactarnos si requieren asistencia legal. Asimismo, las comunidades que deseen establecer órganos de autogobierno y representación legal como comunidades mayas, independientes de partidos políticos y de autoridades municipales y ejidales, podemos asistirles de forma gratuita en el proceso.”
Los Consejos Comunitarios de Ixil y Kinchil, el Comisario Municipal de Santa María Chí y la Fundación Yansa extienden asimismo una cordial invitación al taller “Derechos Territoriales en la Nueva Ley General Indígena: Retos y Estrategias de Incidencia y Litigio”, que tendrá lugar en dos ocasiones, el viernes 29 (de 10 a 13 horas, dirigida al público general) y el sábado 30 de agosto (9 a 14 horas, dirigido a comunidades). Más información y registro en yucatan@yansa.org, en el whatsapp 99 99 97 82 88 y en las cuentas de Facebook e Instagram de Fundación Yansa AC.
El Consejo Comunitario Ixil ha convocado una asamblea comunitaria para mañana jueves 28 de agosto a las 8pm en el centro de Ixil. Los medios están invitados. Habrá música maya, huipiles y muchas alpargatas.
