La clausura de un bar colombiano disfrazado de café pone nuevamente bajo la lupa a Domitilo Carballo Cámara, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, señalado por extender permisos irregulares en zonas habitacionales.

   En medio de una ola de indignación por denuncias de extorsión y cobro de “derecho de piso” a establecimientos de alimentos y bebidas en al menos siete municipios de Yucatán, un nuevo escándalo salpica directamente a la Secretaría de Salud del Estado (SSY). El polémico funcionamiento y posterior clausura de “Parceros Café”, un bar colombiano presuntamente disfrazado de cafetería, ha puesto otra vez en el ojo del huracán a Domitilo Carballo Cámara, Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

   Carballo Cámara, identificado como una figura cercana al grupo de expanistas dentro del gobierno de Joaquín Díaz Mena, opera bajo una sombra de supuesta impunidad. Cabe recordar que desde el año pasado, el funcionario cuenta con una denuncia penal ante la Fiscalía de Yucatán interpuesta por el restaurante Sonora Grill, expediente al que, según reportes, la autoridad sigue “dando largas”.

​El Caso “Parceros Café”: Evidencia de irregularidades administrativas

   Este miércoles, la clausura de “Parceros Café” sacó a la luz pública el modus operandi detrás de la emisión de licencias estatales. Pese a estar ubicado en una zona habitacional cuyo uso de suelo no permite giros comerciales de ese tipo, Carballo Cámara habría extendido al establecimiento permisos para la venta de bebidas alcohólicas y la presentación de espectáculos ruidosos.

   En un intento por defenderse, los propietarios de “Parceros Café” exhibieron públicamente documentación que, según ellos, acreditaba la legalidad de su operación. Entre las imágenes compartidas destaca una Determinación Sanitaria emitida por la SSY, con la cual obtuvieron la autorización para vender alcohol.

   Sin embargo, el análisis del marco normativo estatal revela una grave contradicción que evidencia un posible tráfico de influencias o negligencia administrativa.

   De acuerdo con el Artículo 14, fracción VI, de la normativa estatal en materia sanitaria, para obtener dicha determinación es obligatorio presentar: “Licencia de uso de suelo y comprobante de pago de los derechos respectivos, en el caso del municipio de Mérida…”. Es decir, la autoridad estatal (SSY) no debió emitir la autorización sin que antes el comercio acreditara la licencia municipal de uso de suelo y funcionamiento.

​Documentos exhibidos contradicen a los dueños

   La documentación mostrada por los propios dueños de “Parceros Café” se convirtió en su propia contra: ¿Cómo obtuvo la SSY la determinación sanitaria si el establecimiento no cumplía con el requisito municipal previo?

   En publicaciones recientes, los propietarios reconocieron tácitamente la irregularidad al señalar que acudieron a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal con su documentación y afirmaron estar dispuestos a cumplir con los requisitos faltantes. Con esto, queda descartada la narrativa de una persecución política o clausura arbitraria, perfilándose como un proceso de cumplimiento administrativo incompleto desde su origen.

​Un panorama de extorsión sistemática en Yucatán

   Este caso no es un hecho aislado. Desde la semana pasada, propietarios de restaurantes, bares y centros nocturnos en Mérida, Kanasín, Progreso, Sisal, Valladolid y Umán han alzado la voz para denunciar una presunta red de extorsión sistemática.

   Según los quejosos, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, presuntamente en contubernio con elementos de Protección Civil, exige pagos de “derecho de piso” que oscilan entre los 15 mil y 20 mil pesos mensuales. La amenaza es clara: quienes no paguen enfrentarán clausuras inmediatas y multas onerosas.

   Las graves acusaciones sitúan a la dependencia encabezada por Domitilo Carballo Cámara bajo sospecha de operar como una presunta “caja chica” del Ejecutivo, utilizando la extorsión como herramienta recaudatoria, mientras el caso Sonora Grill duerme en la Fiscalía y el caso Parceros evidencia el desorden en la emisión de licencias estatales.

  Al interior de la Secretaría de Salud de Yucatán, Domitilo Carballo asegura que el dinero que está recaudando se invertirá en la campaña del enfermero Miguel Moreno Camelo a la secretaría general de la Sección 67 del SNTSA.