En medio de un clima nacional de repudio a las violencias de género, en el sur de Yucatán se encendieron las alarmas tras nuevas denuncias presentadas por trabajadoras de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, quienes acusan al titular de la dependencia, Dr. Josué Couoh Tzec, de presunto hostigamiento sexual, abuso de poder y represalias laborales.
Las mujeres afectadas señalan también a dos colaboradores cercanos, Randy Canul y Enrique May, a quienes atribuyen comportamientos similares dentro del espacio laboral. De acuerdo con sus testimonios, los señalamientos van desde insinuaciones reiteradas y presiones indebidas, hasta propuestas de índole sexual vinculadas a beneficios laborales.
Algunas trabajadoras aseguran que, tras negarse a dichas conductas, enfrentaron cambios de adscripción, degradación de funciones o incluso la eliminación de su registro laboral. Una denunciante afirma que llegó a escuchar del funcionario la frase: “Usted ya está en deuda conmigo, se salda con una cena”, mientras que otras relatan comentarios sexistas dirigidos hacia médicas y personal femenino.
Preocupación por antecedentes y continuidad en el cargo
Las denunciantes consideran especialmente grave que estos señalamientos surjan en un contexto donde, según expresan, el funcionario mantiene poder operativo y administrativo dentro de la jurisdicción, lo que —advierten— podría generar obstáculos para una denuncia segura y libre de represalias.
De manera paralela, algunas voces recuerdan que Couoh Tzec enfrentó acusaciones públicas años atrás por presuntas irregularidades financieras durante su gestión como alcalde de Tekax, relacionadas con un supuesto desvío millonario. Aunque nunca se formalizó una sanción, organizaciones civiles señalan que dichos antecedentes alimentan la percepción de impunidad.
Discurso público vs. testimonios internos
La indignación se profundizó luego de que el funcionario participara recientemente en una marcha contra la violencia de género en Ticul, donde afirmó que la protección de las mujeres es “una prioridad”. Las trabajadoras consideran que ese mensaje contrasta con lo que aseguran vivir al interior de la institución.
Un problema estructural: denuncias que no avanzan
El caso surge en un escenario estatal complejo: en lo que va de 2025, Yucatán acumula más de 400 denuncias por delitos sexuales, aunque especialistas advierten que la mayoría no derivan en sanciones, ya sea por falta de acompañamiento, miedo a represalias o archivamiento de las carpetas. Diversas organizaciones han señalado que las mujeres que denuncian desde instituciones públicas suelen enfrentarse a riesgos laborales y personales adicionales.
Sin postura oficial y con el funcionario aún en funciones
Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Yucatán no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos dentro de la Jurisdicción Sanitaria 3.
Este silencio —coinciden activistas y personal médico consultado— incrementa la percepción de opacidad institucional y la sensación de que las denunciantes no cuentan con protección ni garantías.
Mientras tanto, Couoh Tzec continúa en su cargo, lo que para las trabajadoras implica un riesgo por la capacidad de decisión que mantiene sobre el personal y los procedimientos internos.
Exigen investigación con perspectiva de género
Las trabajadoras solicitan que las autoridades estatales inicien una investigación independiente, seria y con perspectiva de género, además de implementar medidas que les permitan denunciar sin temor a represalias. Aseguran que no buscan discursos ni apariciones públicas, sino acciones que garanticen justicia, transparencia y un ambiente laboral seguro.
Por ahora, lo que prevalece —afirman— es el silencio institucional y la continuidad de un funcionario señalado que sigue al frente de la jurisdicción.
