Representantes de comunidades mayas de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas y Sisal se manifestaron este viernes frente al Palacio de Gobierno para denunciar una escalada de agresiones, amenazas y difamaciones dirigidas contra el defensor del territorio y director de la Fundación Yansa A.C., Sergio Oceransky, así como contra su equipo jurídico y comunitario.
Durante una conferencia de prensa realizada al mediodía, los defensores exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno del Estado una investigación “diligente, completa y expedita” sobre la campaña de odio que, afirman, ha pasado del ámbito digital a intentos de organización de agresiones físicas mediante el pago de personas para asistir a una “marcha de acarreados”.
Campaña de odio y amenazas extremas
Oceransky informó que esta semana presentó una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y otra ante la FGE, aportando pruebas sobre mensajes de odio, llamados a la violencia y ofrecimientos de dinero para movilizar a grupos que lo atacaran públicamente.
El defensor leyó parte de los mensajes difundidos en redes sociales, donde se incita explícitamente a la violencia extrema: “a la primera línchenlo”, “que lo ajusticien en plaza pública”, “línchenlos y vayan a quemar sus departamentos”, “plomaso al perro y se termina”, “córtenle la lengua” (SIC), entre otros.
“Esta campaña ya cruzó la frontera del mundo digital al real, aumentando significativamente el riesgo para mi integridad y la de las abogadas y abogados que colaboran con la Fundación Yansa”, declaró.
Los mensajes fueron difundidos por perfiles que, desde hace meses, difunden acusaciones falsas contra Oceransky, a quien señalan erróneamente de promover el despojo de tierras colectivas. El defensor recordó que su trabajo ha consistido precisamente en acompañar legalmente a comunidades que enfrentan intentos de despojo por parte de intereses privados.
Pago de hasta 40 mil pesos para una marcha de choque
Oceransky reveló que recibió información sobre ofrecimientos de hasta 40,000 pesos para movilizar grupos de choque a una protesta programada para la tarde de este viernes. Dichos ofrecimientos habrían sido realizados por personas que aseguran estar vinculadas a la empresa Ciudad Maderas, contra la cual la Fundación Yansa obtuvo una suspensión definitiva mediante un juicio de amparo.
La denuncia pública y la presencia de las comunidades frente al Palacio de Gobierno llevaron —según los defensores— a que los responsables intelectuales cancelaran la marcha que pretendía atacar a quienes luchan contra el despojo y el ecocidio. “Las mafias político-empresariales agrario-inmobiliarias se replegaron ante la difusión de la denuncia”, afirmaron.
Comunidades rechazan criminalización y exigen cierre de carpetas fabricadas
Representantes de las comunidades de Dzitnup, Ixil, Molas y Sisal denunciaron que la FGE mantiene carpetas de investigación sin fundamento en contra de defensores del territorio, utilizadas —aseguran— para reprimir la organización comunitaria.
Recordaron que los cargos imputados contra Oceransky y habitantes de Ixil carecen de evidencia, pues las tierras presuntamente “despojadas” han sido históricamente propiedad comunal. Pese a dos audiencias de imputación sin resultados, la FGE no ha retirado las acusaciones.
“Mientras intereses económicos violan la ley ambiental y el patrimonio arqueológico con total impunidad, quienes exigimos el cumplimiento de la ley somos perseguidos”, señalaron.
Responsabilizan al Gobierno del Estado y a la FGE
Oceransky advirtió que su equipo enfrenta también acoso y vigilancia ilegal: “Responsabilizo al Gobierno del Estado y a la FGE si las omisiones en la investigación derivan en cualquier agresión contra quienes integran la Fundación Yansa”.
Las comunidades reiteraron su rechazo a la criminalización de defensores y exigieron el cierre inmediato de las carpetas de investigación que consideran fabricadas para debilitar la defensa del territorio.
