En México, las Áreas Naturales Protegidas no están siendo destruidas únicamente por la ambición privada, sino por la permisividad del Estado. El reciente caso ocurrido dentro del Parque Nacional Dzibilchaltún, en Yucatán, confirma una realidad alarmante: la devastación ambiental avanza gracias a la ausencia de vigilancia, la falta de sanciones ejemplares y una cadena de omisiones institucionales.
El 29 de diciembre reciente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se vio obligada a clausurar de manera temporal un predio ubicado en las colindancias de Chablekal, comisaría de Mérida, tras comprobar la realización de obras ilegales de cambio de uso de suelo dentro del polígono de un Área Natural Protegida de competencia federal.
La inspección fue consecuencia de una denuncia ciudadana, no de un operativo preventivo, lo que exhibe una política ambiental reactiva, tardía e insuficiente.
La diligencia, ordenada desde el 21 de diciembre, reveló la remoción deliberada de vegetación de selva baja caducifolia, la colocación de cercos con alambre de púas y la construcción de albarradas de piedra, prácticas prohibidas dentro de parques nacionales.
Estas acciones se realizaron sin autorización de la Semarnat, violando abiertamente la legislación ambiental vigente y dejando en evidencia la fragilidad del Estado de derecho en materia ecológica.
El hallazgo de vestigios arqueológicos al interior del predio agrava el escenario. No se trata únicamente de un daño ambiental, sino de un posible delito contra el patrimonio histórico de la nación, que debió activar de inmediato la intervención de otras instancias federales.
Sin embargo, hasta ahora, no se ha informado de responsabilidades penales ni de investigaciones paralelas, reforzando la percepción de impunidad estructural.
Dzibilchaltún no es un caso aislado. La expansión urbana descontrolada, el interés inmobiliario y la especulación sobre tierras con valor ambiental han avanzado durante años en Yucatán con una preocupante tolerancia institucional.
Las clausuras llegan cuando el daño ya está hecho, y rara vez se traducen en sanciones ejemplares, restauración ambiental efectiva o responsabilidades administrativas para funcionarios omisos.
Aunque la Profepa ha anunciado el seguimiento del procedimiento administrativo, la pregunta persiste:
¿Quién permitió que estas obras iniciaran dentro de un Parque Nacional? ¿Dónde estaban las autoridades ambientales estatales y municipales? ¿Quién vigila realmente las Áreas Naturales Protegidas?
Mientras el discurso oficial insiste en la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, en los hechos la selva se desmonta, los vestigios arqueológicos se vulneran y la ley se aplica solo cuando la ciudadanía denuncia. Dzibilchaltún resiste, pero cada omisión gubernamental le arranca un pedazo más de futuro.
