Devastación ambiental, simulación legal y corrupción detrás del megaproyecto “, Ciudad Maderas”. Lo que durante años se vende como un “desarrollo residencial de alto nivel” hoy queda exhibido como un caso documentado de ecocidio y corrupción inmobiliaria en la costa de Yucatán.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal parcial del proyecto “Ciudad Maderas Península II”, en Chelem, municipio de Progreso, tras comprobar la destrucción ilegal de vegetación, el desacato al resolutivo ambiental y la invasión deliberada de áreas protegidas.
La inspección federal, realizada del 9 al 15 de diciembre, confirmó que la empresa desarrolladora actuó al margen de la ley, avanzando con maquinaria pesada y obras fuera del polígono autorizado por la Semarnat, en una práctica que ya no puede calificarse como “error técnico”, sino como una estrategia consciente de devastación para maximizar ganancias.
Profepa documentó la remoción ilegal de vegetación en al menos 6,183 metros cuadrados, así como afectaciones en una superficie total de 151,766 metros cuadrados que, según el resolutivo ambiental, debían funcionar como áreas verdes de conservación y amortiguamiento ecológico. En los hechos, esas zonas fueron arrasadas, fragmentadas y degradadas, evidenciando un desprecio absoluto por el ecosistema costero y por la ley ambiental.
El resolutivo de impacto ambiental fue pisoteado. Las áreas que debían preservarse fueron intervenidas; se introdujeron especies exóticas como coco plumoso y coco, alterando el equilibrio natural; y no existió señalización, delimitación ni protección alguna de las zonas de conservación antes ni durante las obras. Todo esto ocurrió con pleno conocimiento de la normatividad, lo que agrava la responsabilidad de los promoventes.
Estas acciones configuran un patrón clásico de corrupción inmobiliaria:
obtener permisos para una cosa, construir otra, devastar primero y regularizar después, confiando en la impunidad y en la debilidad de la supervisión. Un modelo que ha dejado selvas mutiladas, manglares destruidos y comunidades costeras desplazadas en distintas regiones del país.
Ante el riesgo real de un daño ambiental grave e irreversible, Profepa se vio obligada a imponer sellos de clausura con fundamento en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La dependencia informó que analiza nuevas inspecciones en materia forestal sobre el resto del proyecto, lo que podría destapar un daño mucho mayor al ya documentado.
El caso de “Ciudad Maderas” expone cómo, bajo el discurso de “desarrollo”, se esconden prácticas de saqueo territorial, donde la costa yucateca se trata como mercancía desechable, y la ley ambiental como un obstáculo que puede violarse si hay suficiente dinero de por medio.
Este no es un incidente aislado, sino un síntoma de un modelo inmobiliario depredador, sostenido por permisos laxos, omisiones oficiales y una red de intereses que permite que proyectos de este tipo avancen hasta que el daño ya está hecho.
La clausura es apenas el primer freno. La pregunta que queda en el aire es si habrá sanciones ejemplares, reparación del daño y responsabilidades penales, o si, una vez más, el ecocidio terminará pagándose con multas mínimas mientras la selva y la costa ya no regresan.
