lunes, enero 26, 2026
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El origen del Gobierno Paralelo en Yucatán: Una Historia de Captura Institucional

 En Yucatán, el ejercicio del poder público ha sido testigo de una transformación silenciosa pero profunda: la consolidación de un Gobierno Paralelo que opera al margen de la estructura institucional, pero con control efectivo sobre decisiones estratégicas y el manejo del erario estatal. Esta figura no emergió de la nada; su origen se remonta al ocaso del sexenio de Ivonne Ortega Pacheco, entonces gobernadora priista y hoy una de las principales concesionarias de Movimiento Ciudadano.

 Durante los últimos meses del “Ibonato”, se gestó una red de empresas vinculadas a funcionarios cercanos al entonces secretario de Gobierno, Rolando Zapata Bello. Estas entidades fueron diseñadas para operar como brazos financieros y electorales, preparando el terreno para su candidatura a la gubernatura. Tras su triunfo, Zapata Bello instauró una estructura administrativa que centralizó las adquisiciones y blindó el control del gasto público.

 Con el respaldo del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, el modelo evolucionó. Ya no se trataba únicamente de obtener beneficios por sobreprecios —los llamados “moches”—, sino de negociar directamente la comprobación del gasto con instancias federales, debilitando así los mecanismos de fiscalización. En otras palabras, se corrompió la Auditoría Superior de la Federación.

 Mientras la obra pública visible se entregaba para mantener una imagen de cumplimiento, sectores críticos como salud y desarrollo rural fueron desatendidos. Los recursos destinados a medicamentos y servicios médicos se desviaron hacia cursos y capacitaciones ficticias. Esta práctica se replicó en otras dependencias, donde se incrustaron aliados políticos, como en el caso del Patronato Cultur, convertido en caja chica gracias a los ingresos millonarios del parador turístico de Chichén Itzá.

 Paralelamente, se crearon financieras que captaron los fondos de ahorro de los trabajadores del Estado, operando como intermediarios entre funcionarios y empresarios, con la complicidad de la Auditoría estatal y el Congreso local. Esta red comenzó a financiar candidaturas municipales, aún sin involucrarse abiertamente en campañas gubernamentales.

 El modelo se perfeccionó con la llegada del panista Mauricio Vila Dosal. Las estructuras paralelas, ahora integradas por políticos y empresarios, comenzaron a financiar campañas con recursos de programas sociales. Dos familias, los Rosas Moya y los Millet Encalada, jugaron un papel clave en la campaña de Vila, y tras su victoria, se repartieron posiciones estratégicas en el gobierno. Sin embargo, muchos operadores del grupo de Zapata Bello permanecieron en funciones, perpetuando la falta de rendición de cuentas.

 Durante el sexenio de Vila, se ignoraron los desvíos de las financieras, se implementó el sistema de transporte “Va y Ven” como nuevo canal de absorción de recursos, y se aprobaron endeudamientos con apoyo de legisladores opositores. Incluso se impulsó la candidatura de un expriísta como diputado indígena y luego como aspirante a gobernador por el PAN.

 Las secretarías de Salud, Desarrollo Rural y Educación se consolidaron como pilares del financiamiento electoral, mientras el grupo Millet Encalada fortalecía su influencia. En los comicios de 2024, este grupo empresarial apostó por Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena, y con su triunfo, dio el siguiente paso: apropiarse de la administración pública.

Hoy, funcionarios clave en áreas jurídicas y administrativas han sido colocados estratégicamente en cada dependencia, con el objetivo de direccionar el gasto público hacia empresas vinculadas y prestanombres. El modelo recuerda al PRI de los años 70: triangulación de recursos, empresas fantasma y control férreo sobre la comprobación del gasto.

 Este Gobierno Paralelo no es una ficción ni una exageración. Es una estructura real, operativa y profundamente arraigada, que ha logrado capturar el aparato estatal y convertirlo en instrumento de intereses privados. La ciudadanía merece transparencia, rendición de cuentas y un gobierno que responda a sus necesidades, no a los pactos de poder que se gestan en la sombra (continuará)

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