El anuncio de la boda civil del secretario de Fomento Económico, Ermilo Barrera Novelo con la empresaria Ivonne Rivero Díaz-González no es un hecho social menor: confirma ante el escrutinio público la red de intereses, complicidades y despojo de tierras que durante años ha operado en Yucatán, y en la cual Luis Alfonso Rivero Molina, hoy suegro de Barrera Novelo, ha sido señalado como pieza clave de la mafia agraria del estado.
Las sospechas del pacto de impunidad y entrega de Yucatán a Morena, entre el exgobernador florero Mauricio Vila Dosal y el pachanguero Joaquín Díaz Mena, se concentran en el nombramiento de Jorge Ermilo Barrera Novelo como secretario de Fomento Económico y Trabajo, una dependencia que se encargaría de mantener y expandir los negocios de la mafia agraria que desde hace varias elecciones es la principal fuente de financiamiento de las campañas.
Ermilo “Milo” Barrera Novelo es hijo de Emilio Barrera Eljure, quien estuvo involucrado en la quiebra financiera de Servilimpia durante la administración municipal de Mérida de la innombrable Angélica Araujo Lara, pero lo más importante, es hijo político de un pez gordo de la mafia agraria de Yucatán: Luis Alfonso Rivero Molina.
Bisagra política que garantiza que el pacto de impunidad no afecte el “boom” inmobiliario de la zona norte de Mérida, el exsecretario de Economía de Puebla anunció este domingo que ya está casado con Ivonne Rivero Díaz-González.
A principios del año 2004, la mafia agraria encabezada principalmente por Antonino Almazán Arteaga, Emilio Alberto Gamboa García, Carlos Enrique Abraham Mafud y sus subordinados Vicente de Jesús y Erik Ramiro Matos Castañeda, pusieron los ojos en las tierras del ejido de Chablekal, municipio de Mérida, la zona norte y de mayor plusvalía para el desarrollo inmobiliario.
La gente humilde, maya hablante, fue fácil de convencer y de engañar a través de asambleas espurias, pues su estrategia consistió en buscar a gente ambiciosa para ponerlos al frente del comisariado ejidal y de esa manera iniciar con el tráfico y acaparamiento de las tierras del ejido, ejemplo claro es el Country Club el cual adquirieron mediante engaños informando a los ejidatarios y ejidatarias del lugar que harían un cambio de destino de 400 hectáreas; cuando en realidad en el acta de asamblea se estaban asignando 600 hectáreas, tierras que adquirieron a tan solo 5 pesos el metro cuadrado lo que hoy se comercializa en dólares.
No obstante, a fin de poder seguir con el voraz acaparamiento de tierras, principalmente el empresario Carlos Enrique Abraham Mafud acostumbra apoyar con la aportación de recursos económicos a los candidatos de su conveniencia para que estos ocupen los cargos de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal y de esta manera tener la facilidad de manipular las actas de asamblea con la ayuda de sus asesores jurídicos Gloria Magaña ex registradora del Registro Agrario Nacional (RAN), Juan Carlos Briceño ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA) del Estado de Quintana Roo y otros ex funcionarios de las diversas dependencias agrarias, lo cual trajo como consecuencia que a partir del año 2008 hasta la presente fecha haya sido imparable el ingreso de empresarios al padrón de ejidatarios.
Pero, fue durante el período 2013 al 2016, cuando el ejido estuvo representado por los señores Leoncio Coot Kantún, Pedro Can Martin y Rogelio Chale Euan en su calidad de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, cuando se benefició de manera irregular a un total de seis personas con la asignación de 418-03-30.592 hectáreas en un acta que hasta la presente fecha sigue desaparecida, toda vez que no obra inscrita en el RAN, y la PA aduce no tenerla en virtud de que el ejido no le proporcionó una copia.
Fue muy fácil para los “empresarios” y sus asesores sustituirla por el acta de asamblea de fecha 31 de marzo del 2014, lo que orillo a los ejidatarios inconformes a hacer una ampliación de su demanda puesto que se trataban de las mismas tierras, y porque nunca se les convocó como lo establece la Ley Agraria, asamblea en la que se benefició de manera ilegal a un total de 30 personas, entre ellas a Luis Alfonso Rivero Molina, hoy suegro de “Milo”.
Según difundió “Milo”, proyecto político para la alcaldía de Mérida del gobierno paralelo incrustado en el Ejecutivo local, su boda religiosa será el próximo año y anoche sólo invitó a su primer círculo de familiares y amigos.
