Lo que la Secretaría de Educación del estado anunció como el proceso de otorgamiento de bases “más transparente de los últimos años” terminó exhibiéndose como un ejercicio plagado de errores, omisiones y graves irregularidades, bajo la permisiva —y cuestionable— conducción del secretario Juan Balam Várguez.
A pesar de que diversas anomalías fueron advertidas oportunamente por los aspirantes, estas fueron ignoradas deliberadamente, generando una inconformidad generalizada. Lo más absurdo del caso es que funcionarios de la SEGEY intentaron deslindarse de su responsabilidad, atribuyendo el desastre al gobernador Joaquín (a) “El Huacho” Díaz Mena.
Durante la segunda entrega de bases (140 en total), el director de Educación Básica, Jaime Vázquez Barceló, no solo defendió el procedimiento calificándolo de “limpio y transparente”, sino que además se permitió acusar a concursantes de “no jugar limpio”, justificando así que a muchos se les negara la base y que, de manera inexplicable, sobraran 50 bases que ahora pretenden asignar en una tercera fase.
Sin embargo, sus dichos se desmoronan frente a los hechos. El caso del maestro Luis Alberto Montañez Durán es contundente: cumplió con todos los requisitos y aun así fue excluido por un error administrativo reconocido por el propio Jaime Vázquez, quien intentó lavarse las manos canalizándolo al jefe del Departamento de Secundarias, Rigel Ismael Pino Medina. Este, lejos de resolver, lo regresó al punto de origen, donde finalmente se le negó todo derecho con un simple “quizá tenga suerte en otra fase”. Un bateo olímpico, sin explicación ni responsabilidad.
Más grave aún: la lista completa de personas beneficiadas fue manejada como secreto de Estado, conocida únicamente por dirigentes sindicales, a quienes ahora pretenden culpar de una supuesta “mano negra”, señalando directamente al dirigente de la Sección 33 del SNTE, Emmanuel “BJ”. No obstante, fue posible obtener dicho listado, el cual revela irregularidades escandalosas.
Entre ellas destacan:
° Folio 1845, Joanna Góngora, tercera en la lista, quien presuntamente infló su antigüedad de 3 a 19 años.
° Folio 390, María Luisa Sánchez Itzá, solicitó base de niñera y recibió una base administrativa.
° Folio 2298, Belén del Carmen Viento Ortega, aumentó su antigüedad de 3 a 11 años.
° Folio 2427, Pablo Naí Sesín Corral, ingresó con 9 años, obtuvo base y mágicamente su antigüedad fue ajustada a 6.
° José Peña Sosa, con 18 puntos de 20 posibles, obtuvo base perfecta: ¿superdotado o beneficiado?
° Winnelmy Sosa Huh, con 7 años de antigüedad, aprobó todas las etapas y hasta recurrió a la reconsideración (folio 112), pero fue excluida sin explicación.
Estas anomalías, según el propio discurso oficial, “nunca fueron revisadas con lupa”. La fase de reconsideración fue un trámite simulado que lesionó derechos laborales, mientras 50 bases sobrantes quedaron en el aire, evidenciando un manejo opaco e irresponsable.
Para cerrar con broche de desprecio institucional, tras la reunión donde se exigieron explicaciones, Jaime Vázquez Barceló simplemente desapareció, y el secretario Juan Balam ni siquiera tuvo la decencia de presentarse, dejando claro el nivel de indiferencia y falta de respeto hacia los trabajadores de la educación.
El discurso de transparencia se derrumbó. Hoy, lo que queda es una profunda desconfianza, una cadena de omisiones y una autoridad educativa incapaz de responder por sus propios errores.
