Durante casi 15 años, la práctica de los llamados “moches” —la presunta gestión, liberación y desvío de recursos públicos mediante obras simuladas, sobrecostos y proyectos irregulares— han operado en Yucatán bajo un mismo patrón, sin importar el partido en el poder. De acuerdo con versiones recogidas en distintos círculos políticos y administrativos, una red de funcionarios, intermediarios y empresarios habría construido un esquema transexenal de corrupción, capaz de adaptarse a cada gobierno y mantener influencia en las decisiones prioritarias del estado.
Según estos señalamientos, el origen del mecanismo podría ubicarse a mediados de 2010, durante la administración de la entonces gobernadora del PRI Ivonne Aracely Ortega Pacheco (2007-2012), cuando empezó a visibilizarse la práctica informal de los “moches” en proyectos de obra pública. Versiones atribuyen a Ulises Carrillo Cabrera, entonces secretario técnico y jefe de Despacho del Ejecutivo estatal —y posteriormente secretario de Planeación y Presupuesto—, la presunta organización inicial de este método de operación.
Lo que habría comenzado como un esquema aislado, se convirtió con el paso del tiempo en una estructura político-administrativa paralela, con presencia en al menos cuatro administraciones: las priistas de Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello, la panista del florero Mauricio Vila Dosal y la del actual gobernador morenista, el pachanguero Joaquín Díaz Mena, siempre a través de los mismos operadores en posiciones clave.
Distintas fuentes coinciden en que una de las piezas centrales de este entramado sería Víctor José López Martínez, quien se ha desempeñado como representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México y quien es hermano menor de Dafne, actual coordinador de Asesores del Ejecutivo y considerado el capataz del gobierno paralelo. Victor José tuvo un papel relevante en la elaboración y gestión de proyectos de obra pública ante instancias federales, los cuales —según testimonios— serían utilizados para la obtención de recursos que posteriormente se desviarían.
Durante el gobierno de Mauricio Vila Dosal, Víctor José López Martínez aparece vinculado a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY), colaborando en el entorno cercano del chapulín expriista, experredista, exverdeecologista y hoy panista Liborio Vidal Aguilar. Dicha relación se remonta al periodo de actividades legislativas de Vidal Aguilar y William Sosa Altamira, cuando se gestionaban proyectos de inversión pública que nunca se materializaron completamente en el territorio, aunque sí fueron pagados.
En ese entramado afloran los hermanos Mario y Ricardo Millet Encalada, empresarios del ramo de la construcción y pavimentación, quienes resultaron beneficiados con contratos de obra bajo este esquema a cambio de entregar un porcentaje —el “moche”— a quienes facilitaban el proceso.
Para la operación local del mecanismo, se señala a Lorenzo Albertos Chayt Tur, quien se desempeña hoy como Subsecretario de Presupuesto y Control del Gasto. De acuerdo con testimonios internos, fue la persona encargada de dar curso a los expedientes “autorizados” desde el círculo cercano de Ulises Carrillo, facilitando el trámite sin mayores observaciones técnicas.
Otra figura es Juan Gabriel Sánchez Álvarez, quien fue director de Planeación en la administración de Ivonne Ortega y posteriormente se mantuvo en posiciones estratégicas durante el gobierno de Zapata Bello. Su papel consiste en priorizar los proyectos vinculados al esquema y facilitar desvíos a gran escala.
Con la llegada de Mauricio Vila al poder, Juan Gabriel Sánchez brincó al ámbito privado, colaborando con empresas prestanombres de los Millet Encalada, ya fortalecidos económicamente. Este crecimiento les permitió financiar campañas políticas a la gubernatura y en municipios claves, incluida la capital Mérida, consolidando una red de favores e influencia que trascendía el ámbito empresarial.
En la actual administración de charlotada, Juan Gabriel Sánchez ocupa una posición clave como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, desde donde controla —a través de colaboradores cercanos— procesos relacionados con adquisiciones y vinculación administrativa. Entre los nombres mencionados se encuentran María Eugenia Cruz Loeza —subsecretaria de Adquisiciones— y Manuel de Jesús Canul Polanco, director de Procesos Transversales.
A pesar del cambio de partidos en el gobierno, el control real del área financiera no habría sido asumido plenamente por el titular del Ejecutivo estatal, permitiendo así que el mismo modelo continúe reproduciéndose.
Un papel que diversas versiones señalan como fundamental dentro de esta red transexenal es el de Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, quien ha ocupado distintos cargos públicos a lo largo de las últimas administraciones: desde funciones en planeación y asesoría jurídica, en los gobiernos de Ortega Pacheco y Zapata Bello, hasta su paso por el Tribunal de Justicia Administrativa y su trabajo en el Congreso del Estado, con Vila Dosal
Su función principal ha sido dotar de una aparente legalidad a los procedimientos administrativos vinculados a los “moches”, realizando adecuaciones jurídicas que reducían el riesgo de observaciones formales.
Su cercanía con Ulises Carrillo ha sido un factor determinante en su permanencia dentro del aparato público.
El concepto de un “gobierno paralelo” se ha repetido entre quienes han estudiado el fenómeno, para describir a esta estructura que presuntamente opera sin reflectores, pero con capacidad de definir el destino de millones de pesos en recursos públicos.
Las consecuencias para Yucatán serán graves: obras inexistentes, infraestructura deficiente, endeudamiento silencioso, comunidades abandonadas y una profunda pérdida de confianza en las instituciones.
Mientras tanto, la abierta complicidad de comunicadores, la falta de investigaciones públicas exhaustivas, auditorías abiertas a la ciudadanía o procesos judiciales transparentes ha dejado el tema en el terreno de la denuncia informal y el temor a represalias.
Aunque los nombres mencionados se repiten en distintas versiones, el problema es estructural: la debilidad de los mecanismos de control, la opacidad en la obra pública y la normalización de la corrupción como práctica política.
Expertos en transparencia advierten que mientras no existan auditorías ciudadanas reales, contralorías independientes y un seguimiento puntual al ejercicio del gasto, cualquier nuevo gobierno corre el riesgo de ser absorbido por las mismas inercias.
En Yucatán, hoy la pregunta no es solo quién gobierna oficialmente, sino quién —presuntamente— toma las decisiones reales sobre el dinero público.
