La organización civil Mexicanos Primero reiteró que el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes debe colocarse por encima de cualquier disputa política, administrativa o ideológica, y llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar aprendizajes relevantes, medibles y equitativos en todo el país.
La organización subrayó que la obligación del Estado mexicano es asegurar condiciones integrales para el aprendizaje, donde los libros de texto gratuitos sean un instrumento, pero no el eje exclusivo de la política educativa.
“Los libros son valiosos, pero no sustituyen lo esencial: maestras y maestros bien formados, acompañamiento pedagógico constante, escuelas con condiciones dignas y comunidades involucradas”, señaló.
Fragilidad institucional y decisiones técnicas
Mexicanos Primero advirtió sobre la fragilidad de la institucionalidad educativa y sostuvo que las decisiones de política pública deben sustentarse en reglas claras, procesos técnicos transparentes y evidencia verificable.
Durante el último ciclo escolar, especialistas, docentes y familias identificaron inconsistencias conceptuales, problemas de claridad y falta de apertura suficiente en la elaboración de materiales educativos.
La organización realizó un análisis multidisciplinario que detectó:
• Niveles de complejidad poco adecuados para diversos contextos escolares.
• Transiciones pedagógicas sin acompañamiento suficiente para docentes.
• Contenidos desconectados de la realidad operativa del sistema educativo.
La agrupación advirtió que cuando la educación se convierte en un campo de confrontación ideológica, quienes resultan afectados son las y los estudiantes, particularmente en áreas clave como comprensión lectora, pensamiento crítico, matemáticas, ciencias y formación cívica.
Educación como política de Estado
Ante la llegada de Nadia López García a la Dirección General de Materiales Educativos, la organización planteó la necesidad de construir un mecanismo permanente, autónomo y técnicamente sólido para la revisión y mejora curricular.
Propuso que dicho mecanismo incluya:
• Participación plural de especialistas, docentes en activo y familias.
• Procesos públicos de consulta, pilotaje y evaluación.
• Indicadores claros de impacto en el aprendizaje.
• Evaluación independiente basada en evidencia.
Asimismo, hizo un llamado a la SEP, al Congreso de la Unión y a las autoridades educativas locales a conducir la política educativa con apego a la ley, transparencia y enfoque en el interés superior de la niñez.
“La educación debe ser política de Estado, no instrumento de coyuntura. Cuando se protege la institucionalidad educativa, se protege el futuro del país”, concluyó la organización.
