La impresión de 521 millones de boletas electorales que jamás se utilizaron colocó en el centro de la polémica a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, a quien consejeros del propio organismo responsabilizan por irregularidades administrativas que derivaron en un daño estimado en 672 millones de pesos, según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes al ejercicio 2025.
El informe señala fallas en la planeación presupuestal y en la administración de contratos relacionados con la producción de material electoral, lo que habría provocado la impresión masiva de papeletas que finalmente no fueron requeridas en los procesos previstos.
Consejeros electorales sostienen que la Presidencia del instituto posee atribuciones exclusivas en materia administrativa, incluyendo la designación de funcionarios clave, la supervisión de áreas estratégicas y la autorización de adjudicaciones directas, por lo que consideran que la responsabilidad recae en quien encabeza el organismo.
El consejero Martín Faz afirmó que la responsabilidad es “absoluta”, particularmente por el nombramiento de Octavio García, quien pasó de ser proveedor a ocupar funciones relacionadas con la gestión de recursos del instituto.
Por su parte, la consejera Dania Ravel coincidió en que la supervisión de posibles anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, órgano encabezado por la presidencia del INE, por lo que subrayó que la responsabilidad debe atribuirse a quien realizó las designaciones y autorizaciones, y no al Consejo General en su conjunto.
Las observaciones de la ASF derivan de auditorías al ejercicio presupuestal del organismo autónomo y obligan al instituto a solventar las inconsistencias detectadas, ya sea mediante aclaraciones documentales o acciones correctivas. Dependiendo de los resultados, el caso podría dar lugar a procedimientos administrativos o sanciones.
El episodio ha generado cuestionamientos sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos dentro del órgano responsable de organizar las elecciones federales, especialmente por tratarse de una cantidad significativa de dinero destinada a material que nunca cumplió su función.
Hasta el momento, el INE no ha informado de manera detallada las medidas adoptadas para esclarecer las observaciones ni si se fincarán responsabilidades internas. Entretanto, el caso reaviva el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en una de las instituciones clave del sistema democrático mexicano.
