Graves acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder recaen sobre el actual consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), Níger Desiderio Pool Cab, a quien trabajadores del organismo señalan de utilizar su posición para ofrecer cargos públicos a cambio de favores personales, entre ellos de carácter sexual, y de promover un ambiente de impunidad y sumisión dentro del sistema judicial yucateco.
De acuerdo con denuncias internas, Pool Cab ha convertido al PJE en una “zona de tolerancia” al rodearse de un grupo de jóvenes empleadas a quienes habría otorgado puestos de confianza con altos sueldos, sin que cumplan funciones sustantivas, sino como parte de un supuesto círculo íntimo al que se accede por medio de favores sexuales. Una de ellas, su secretaria personal, recibe un sueldo mensual de 18 mil pesos por tareas que, según los denunciantes, no justifican su nivel de ingreso.
Las críticas internas aumentaron luego de que se difundiera que el consejero busca incorporarse a Morena, con el objetivo de asegurar su permanencia en el Poder Judicial durante el próximo sexenio. Pool Cab se ostentaría incluso como “amigo del gobernador” Joaquín Díaz Mena, con quien, según presume públicamente, mantiene una relación cercana que le abriría paso para consolidar su poder dentro del nuevo contexto político estatal.
Las acusaciones contra el consejero no son nuevas. Pool Cab fue designado al cargo el 17 de enero de 2024 y asignado como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano. Meses después, en octubre del mismo año, su nombre apareció entre los funcionarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta participación en el nombramiento ilegal de jueces penales “suplentes interinos”, proceso que se habría realizado violando una suspensión federal emitida en favor de una ex trabajadora judicial.
En esa ocasión, también fue señalada María Carolina Silvestre Canto, junto a otros consejeros designados durante la administración del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal y vinculados al Partido Acción Nacional (PAN), lo que hoy representa un punto de tensión política ante el aparente cambio de lealtades de Pool Cab.
Internamente, su gestión ha sido fuertemente criticada por trabajadores del PJE, quienes lo acusan de imponer a colaboradores cercanos y de favorecer a personajes sin méritos, como es el caso de Víctor Sandoval, señalado por sus vínculos de sumisión con el consejero y su insistencia por acceder a una plaza como juez, aun sin haber superado los exámenes correspondientes.
Además, se le acusa de operar bajo la sombra de Mariel Heredia, figura también señalada en círculos jurídicos por presuntos actos de corrupción, y con quien Pool Cab tendría una relación política de conveniencia más que institucional.
Frente a estas denuncias, hasta ahora ninguna autoridad estatal o judicial ha emitido una postura pública, pese a que las versiones sobre estas irregularidades se han intensificado entre trabajadores del Poder Judicial y dentro del gremio jurídico de Yucatán.
La situación genera preocupación sobre la transparencia y autonomía del sistema judicial en el estado, especialmente en momentos en que se anticipa una mayor presencia del partido Morena en las instituciones públicas, lo que pondría a prueba la solidez de las estructuras judiciales frente a intereses personales y políticos.
Organizaciones de la sociedad civil y actores del ámbito jurídico han exigido que las denuncias contra Pool Cab sean investigadas con seriedad y que se garantice un sistema de justicia libre de presiones políticas, abuso de poder y violencia institucional.
