En México Evalúa nos hemos dado a la tarea de analizar el Paquete Económico 2025. Al respecto, encontramos que tres de cada cuatro pesos de ingresos ya están comprometidos en gastos obligatorios: pensiones, transferencias a los estados e intereses de la deuda.
Esto deja un margen mínimo para áreas clave como salud, seguridad y educación, que siguen rezagadas respecto a estándares internacionales. Además, Pemex se convertirá en carga fiscal en lugar de ser fuente de ingresos, pues sus aportaciones serán menores a los recursos que el Estado proyecta transferirle.
En el terreno educativo, aunque el presupuesto crece, la distribución privilegia becas y apoyos inmediatos y deja estancada la formación docente, la educación inicial o los programas de calidad. En justicia, a pesar de un aumento relativo, el gasto seguirá siendo marginal, lo que limita su capacidad operativa.
Frente a este escenario, preocupa la debilidad de la sociedad en los audiómetros en momentos en los que se debe llegar a consensos de Estado: el presupuesto 2026 debería ser la oportunidad para replantear un rumbo compartido.
El Paquete Económico 2026 plantea un escenario paradójico: los contribuyentes enfrentarán una mayor carga fiscal, pero los recursos adicionales no se traducirán en un fortalecimiento de las finanzas públicas, sino en mayores apoyos para Pemex. Aunque las cuotas de seguridad social e impuestos sumen una recaudación récord respecto al PIB, México seguirá por debajo de los estándares internacionales. De cumplirse las proyecciones más conservadoras, la recaudación podría incluso retroceder. Por su parte, la petrolera dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostenerla que lo que recibe de ella. En la práctica, el mayor esfuerzo tributario de los ciudadanos no se destina a financiar servicios públicos como salud o educación, sino a mantener a flote a una empresa que no logra revertir su declive productivo. Un análisis del Programa de Gasto Público.
En 2026, el presupuesto federal estará dominado por gastos obligatorios: pensiones, transferencias a estados e intereses de la deuda serán equivalentes a 48,732 pesos por habitante. Esta cifra triplica lo que se asignará en conjunto a salud, educación, seguridad y cuidados (17,195 pesos per cápita), reduciendo al mínimo el margen para atender sectores prioritarios. El gasto en pensiones será casi el doble que en 2018, con un fuerte crecimiento de las no contributivas. Por otra parte, el servicio de la deuda y los ADEFAS alcanzarán la mayor proporción del PIB desde 1996. En total, tres de cada cuatro pesos de ingresos propios ya estarán comprometidos, lo que implica más deuda y más impuestos para sostener el gasto. Un análisis del Programa de Gasto Público.
