La sorpresiva reestructuración de oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, que desde este lunes concentra áreas administrativas en el norte de la ciudad y reduce el histórico edificio del centro a una única ventanilla de atención y pago, ha generado confusión, inconformidad y sospechas entre usuarios y trabajadores, quienes señalan que la medida fue anunciada prácticamente de un día para otro y sin información pública clara sobre su alcance, costos o beneficios reales.
El nuevo módulo de atención y autopago inaugurado en la colonia Vista Alegre —junto con oficinas en la colonia Alemán— concentra ahora las áreas de mayor peso administrativo, mientras que el emblemático edificio de la calle 60, durante décadas punto neurálgico para trámites y gestiones, queda reducido a funciones mínimas. Empleados del organismo aseguran que ni siquiera al interior existe claridad sobre el destino del inmueble: primero se habló de cierre total para remodelación, luego de continuidad parcial, y finalmente de operación limitada, como si se tratara de información reservada.
Para los usuarios, especialmente quienes viven en el sur y poniente de la ciudad, la decisión implica más tiempo, mayores gastos de transporte y un obstáculo adicional para realizar trámites que con frecuencia ya resultan engorrosos. Adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios sin acceso a vehículos particulares serían los más afectados por un rediseño que, lejos de descentralizar servicios, los concentra geográficamente en la zona con mejores condiciones socioeconómicas.
La experiencia previa en módulos externos tampoco genera optimismo: numerosos ciudadanos relatan que muchos trámites terminan inevitablemente redirigidos al centro o a oficinas principales, después de recorrer varias ventanillas sin solución y sin posibilidad de hablar con responsables que rara vez dan la cara ante inconformidades.
El director de la paraestatal, Pancho Torres Rivas, enfrenta ahora el reto de explicar una decisión que diversos sectores consideran improvisada y desconectada de la realidad urbana. No se trata únicamente de mover escritorios, sino de alterar flujos de atención, rutas de traslado y tiempos de espera para miles de usuarios que dependen del transporte público para resolver un servicio esencial.
La situación resulta particularmente sensible tratándose del suministro de agua potable, un servicio básico cuya calidad y continuidad han sido motivo de críticas durante años. En ese contexto, la reubicación de oficinas parece, para muchos, una prioridad administrativa que no necesariamente responde a las necesidades de la población.
Las nuevas instalaciones fueron inauguradas el pasado viernes y, de manera extraoficial, se anticipa la apertura de una ventanilla adicional en la colonia Santa Rosa, al sur de la capital yucateca. Sin embargo, se trataría de un punto de atención limitado, más orientado a pagos que a la resolución integral de problemas, lo que refuerza la percepción de un modelo centralizado que obliga a los ciudadanos a desplazarse largas distancias para gestiones complejas.
