Campeche, México.— La expansión territorial del Tren Maya vuelve a colocarse en el centro de la controversia pública, luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) oficializara la declaratoria de utilidad pública sobre 48,661.703 metros cuadrados de propiedad privada en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo de destinarlos a infraestructura vinculada al megaproyecto ferroviario.
La medida, firmada por la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, afecta 14 inmuebles privados ubicados en municipios estratégicos de los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 del Tren Maya, consolidando la política del Gobierno Federal de ampliar la ocupación de tierras en el sureste del país bajo el argumento de “beneficio social”.
Campeche, entre los estados más impactados
Uno de los focos de mayor preocupación se concentra en Campeche, donde se han declarado de utilidad pública más de 485 metros cuadrados de propiedad privada, distribuidos principalmente en los municipios de Candelaria, Champotón y Campeche.
Tan solo en Candelaria, la superficie afectada supera los 439 metros cuadrados, mientras que en Champotón se contemplan 30.24 metros cuadrados y en el municipio de Campeche, 16.20 metros cuadrados.
Aunque en términos numéricos la superficie pueda parecer limitada, especialistas y habitantes advierten que el problema no radica únicamente en la extensión, sino en el precedente legal y político que se refuerza: la intervención directa del Estado sobre la propiedad privada, con procesos acelerados y márgenes reducidos de defensa para los propietarios.
Ocupación inmediata y plazos reducidos
De acuerdo con el decreto, las personas propietarias afectadas cuentan con solo 15 días hábiles para presentar pruebas, manifestaciones o inconformidades. Sin embargo, el documento también autoriza la ocupación inmediata de los predios, siempre que se concrete un convenio con los titulares, lo que en la práctica ha sido señalado como un mecanismo de presión institucional.
Diversas voces críticas sostienen que este tipo de declaratorias colocan a los dueños de la tierra en una posición desigual frente al Estado, obligándolos a negociar bajo la amenaza de expropiación, en un contexto donde el margen de maniobra legal es limitado.
Un proyecto que sigue expandiéndose
La Sedatu confirmó que la declaratoria también alcanza territorios de Tenosique, Tabasco; Umán, Yucatán; y diversos municipios de Quintana Roo, entre ellos Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, siendo esta última entidad la que concentra el mayor número de municipios involucrados.
Según el discurso oficial, el Tren Maya no solo busca consolidar un sistema de transporte de carga y pasajeros, sino extender su influencia territorial con el argumento de generar beneficios sociales, como la entrega de apoyos alimentarios, atención médica a comunidades indígenas y la reactivación económica regional.
No obstante, críticos del proyecto señalan que estos beneficios no compensan el impacto social, ambiental y patrimonial, especialmente cuando se trata de tierras privadas o de uso comunitario, cuya pérdida resulta irreversible para muchas familias.
Militarización de la obra y opacidad
Otro punto que ha generado preocupación es que la operación y administración del Tren Maya quedó a cargo de Tren Maya, S.A. de C.V., empresa estatal sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras la liquidación de Fonatur Tren Maya iniciada en 2025.
Para analistas y organizaciones civiles, este cambio profundiza la militarización de un proyecto de infraestructura civil, además de dificultar la rendición de cuentas y el acceso a información pública clara sobre los procesos de expropiación y ocupación de tierras.
Consulta limitada y centralizada
La Sedatu informó que los planos topográficos y el expediente de expropiación estarán disponibles únicamente para consulta en sus oficinas de la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo adicional para propietarios y comunidades del sureste, que deben trasladarse cientos de kilómetros para revisar documentación clave sobre sus predios.
Un debate que sigue abierto
La nueva declaratoria de utilidad pública refuerza las críticas hacia el Tren Maya como un proyecto que, más allá del discurso de desarrollo, avanza sobre la propiedad privada y el territorio comunitario, con procesos cuestionados por su rapidez, centralización y falta de consulta efectiva.
Mientras el Gobierno Federal insiste en los beneficios del megaproyecto, en Campeche y otros estados del sureste crece la percepción de que el desarrollo se está imponiendo a costa de derechos patrimoniales, reavivando un debate que, lejos de cerrarse, parece intensificarse con cada nuevo decreto.
