En medio de un entorno económico adverso, marcado por bajo crecimiento y un gasto público presionado, el endurecimiento de la política recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se convirtió en el principal salvavidas de las finanzas públicas federales durante el primer año del actual gobierno.
Aunque la administración federal impulsó una estrategia de consolidación fiscal, el objetivo de contener el déficit no se cumplió. El balance público cerró con un déficit de 4.8% del PIB, superior al 3.9% previsto, impulsado principalmente por dos factores: el débil desempeño económico —con un crecimiento de apenas 0.7% frente al 2.5% estimado— y el incremento extraordinario de transferencias a Pemex.
El apoyo a la petrolera estatal desbordó las finanzas. Tan sólo la Secretaría de Energía ejerció 189% más de su presupuesto aprobado, equivalente a 262.4 mil millones de pesos, un monto que supera ampliamente el presupuesto anual de sectores clave como salud.
Recaudación récord: presión fiscal sostiene ingresos
Ante este escenario, el endurecimiento fiscal aplicado por el SAT —señalado por diversos sectores como una política de “terrorismo fiscal”— permitió compensar parcialmente el desequilibrio.
La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 5.3 billones de pesos, con un crecimiento real de 4.1%, impulsado principalmente por el ISR y el IVA. Incluso, los ingresos superaron en 1% lo programado, reflejando una mayor eficiencia recaudatoria basada en fiscalización intensiva.
Este incremento en los ingresos evitó recortes más profundos en áreas sensibles. El gasto en Estado de derecho creció 13.8% por encima de lo aprobado; salud superó su meta en 8.3%; ciencia y tecnología en 9%; y educación logró cumplir su presupuesto.
Pemex: el lastre estructural de las finanzas públicas
Sin embargo, el costo fiscal de rescatar a Pemex sigue siendo el principal factor de presión. En 2025, la empresa aportó 240 mil millones de pesos, pero recibió transferencias por 396 mil millones, lo que representó una pérdida neta de 156 mil millones para el Estado.
Por primera vez, el balance anual refleja que los contribuyentes terminaron subsidiando directamente a la petrolera.
Menos inversión, más deuda
Para contener el déficit, el gobierno optó por recortar la inversión pública, afectando el crecimiento futuro. La inversión física cayó 28.4% anual, ubicándose en 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2007.
Esto debilitó la llamada “regla de oro” del endeudamiento: por cada peso adicional de deuda, sólo se invirtieron 45 centavos.
En paralelo, la deuda pública alcanzó 18.7 billones de pesos, mientras que su costo financiero llegó a un máximo histórico de 1.31 billones, reduciendo el margen fiscal para atender necesidades sociales en los próximos años.
El dilema fiscal: recaudar más o crecer más
Especialistas advierten que, si bien la agresiva política recaudatoria permitió sostener las finanzas públicas en el corto plazo, no sustituye la necesidad de impulsar crecimiento económico ni de revisar el gasto público, particularmente los apoyos a Pemex.
Sin una reorientación del gasto y una estrategia que fortalezca la inversión productiva, México enfrenta el riesgo de mantener finanzas públicas dependientes de una presión fiscal creciente sobre contribuyentes, en lugar de una base económica más sólida.
