En un ambiente de creciente tensión en Yucatán, los Consejos Comunitarios Mayas alzaron la voz para condenar lo que califican como una “estrategia de criminalización y Estado policial”. La denuncia surge tras la detención arbitraria y presunta tortura de Manuel Israel Góngora Pat, tesorero de la Comisaría de Dzitnup, ocurrida el pasado sábado 14.
Una detención bajo sospecha
Góngora Pat fue interceptado a las 13:57 horas cuando se dirigía al aeropuerto de Mérida. El activista planeaba recibir a una delegación de autoridades indígenas que regresaba de la Ciudad de México, tras sostener reuniones de alto nivel con la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR) para discutir la autonomía maya y la defensa de sus tierras.
Según el comunicado emitido por los consejos de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal, la detención careció de sustento legal. Los agentes captores, quienes presuntamente no le leyeron sus derechos en lengua maya, fueron acusados de:
- Extorsión: Habrían solicitado 13 millones de pesos a cambio de su libertad.
- Tortura física y psicológica: Mantuvieron al detenido en posiciones dolorosas por horas y realizaron mofas sobre su cargo.
- Fabricación de delitos: Se le imputaron cargos de “resistencia a particulares”, pese a que testigos aseguran que colaboró en todo momento.
El conflicto de fondo: Los cenotes X’kekén y Samulá
Para los defensores, este ataque no es un hecho aislado. Se vincula directamente con la lucha por la recuperación de los cenotes X’kekén y Samulá, tierras comunitarias expropiadas por el Gobierno del Estado de Yucatán en 2006.
”Es una reacción del Estado ante nuestra exigencia de restitución de tierras”, afirma el Consejo Indígena. La comunidad solicitó formalmente la devolución de los cenotes en octubre de 2025, pero aseguran que la respuesta institucional ha sido el hostigamiento.
Patrón de hostigamiento y uso de instituciones
La denuncia también señala un “uso faccioso” de dependencias como la PROFEPA. Un ejemplo reciente es el aseguramiento de una guacamaya doméstica perteneciente a Antonia Poot Poot, integrante del Consejo Indígena. A pesar de contar con registros legales (PIMVS), el ave fue confiscada, impidiendo que la defensora viajara a la CDMX para denunciar actos de corrupción vinculados al megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas.
Incluso el Comisario Municipal, Baldomero Poot Moo, reportó un atentado contra su vida el pasado 7 de febrero, cuando sujetos desconocidos dispararon contra su vehículo tras una persecución.
Próximos pasos: marcha en Mérida
Ante la falta de respuesta de la administración estatal y el cierre de carpetas de investigación que consideran fabricadas, los pueblos originarios han convocado a la sociedad civil:
- Evento: Marcha en defensa del territorio y contra la criminalización.
- Fecha: Próximo sábado 21.
- Hora: 15:00 horas.
- Punto de partida: Remate de Paseo de Montejo, Mérida.
“Somos defensores, no criminales”, concluye el comunicado, exigiendo cárcel para funcionarios corruptos y la restitución inmediata de la autonomía sobre sus recursos naturales.
