La empresa yucateca Servicios Ambientales Urbanos (SAU) solicitó que se garantice la certeza jurídica para las inversiones privadas en la capital de Yucatán, tras el inicio del procedimiento administrativo aprobado por el Cabildo de Mérida para revocar su concesión en la operación de la Planta de Separación de Residuos Inorgánicos.
El proceso, como informamos en Prensa Yucatán, fue aprobado en sesión extraordinaria ayer viernes 17 de abril, como parte de una revisión oficial sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa, la cual ha operado la planta —considerada única en su tipo en el estado— durante varios años.
En llamada a nuestra Redacción, SAU señaló que esta medida representa el inicio de una etapa de análisis técnico y administrativo que incluye la evaluación de sus instalaciones, capacidad operativa e infraestructura para cumplir con lo estipulado en la concesión.
La empresa aseguró que, previo a la sesión de Cabildo, autoridades municipales realizaron una visita a sus instalaciones, durante la cual —afirmó— atendieron en tiempo y forma todas las observaciones planteadas. Actualmente, indicaron, se encuentran a la espera de la resolución correspondiente.
Revocación por presunto incumplimiento
El procedimiento se deriva de un acuerdo del Cabildo que, por mayoría, avaló iniciar la revocación de la concesión por presuntos incumplimientos en la operación de la planta de separación de residuos.
De manera paralela, el ayuntamiento de Mérida aprobó por unanimidad la ampliación del contrato con la empresa encargada de la disposición final de residuos sólidos hasta el año 2042, en un esquema que contempla nuevas tecnologías para el aprovechamiento de hasta el 80% de la basura generada en el municipio, así como el uso de biogás.
La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada sostuvo que el procedimiento se realiza bajo criterios legales estrictos, priorizando el interés público y el cumplimiento de las obligaciones concesionadas.
SAU defiende su operación
En su posicionamiento, SAU afirmó contar con más de 35 años de experiencia en el sector ambiental, asegurando que ha cumplido con la normativa vigente y sus compromisos contractuales.
No obstante, también señaló que el Ayuntamiento mantiene adeudos por los servicios prestados, aunque aseguró que esto no ha impedido que la empresa continúe operando e invirtiendo en la ciudad.
Asimismo, la compañía expresó su desacuerdo con los argumentos presentados para sustentar el procedimiento, aunque reiteró su respeto a la autoridad municipal.
Llamado a la vigilancia ciudadana
La empresa hizo un llamado a la comunidad empresarial y a la ciudadanía para dar seguimiento al proceso, al considerar que este caso podría sentar un precedente en materia de certeza jurídica para las inversiones en Mérida.
El procedimiento será analizado por una Comisión Especial integrada por regidores de distintas fracciones edilicias, que tendrá la responsabilidad de revisar el caso y emitir un dictamen para su resolución final.
