Por: Santiago Cid.
Desde las oficinas de Hacienda y el Banco de México se ha puesto en marcha la ofensiva final contra la autonomía de los mexicanos: la erradicación paulatina del dinero en efectivo. A través de la llamada Ley de Economía Digital, que entró en vigor el pasado jueves 5, y nuevos candados bancarios que restringen el uso de billetes en gasolineras, casetas y compras menores a 500 pesos, el gobierno busca forzarnos a una digitalización absoluta. Su argumento oficial es que el rastreo electrónico acabará con el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento al crimen organizado.
No existe mayor hipocresía en nuestra historia contemporánea. Un régimen que en ocho años ha institucionalizado el saqueo, destruido los contrapesos democráticos y permitido la infiltración del crimen organizado hasta la médula del poder, pretende convencerte de que el peligro para el país es el billete de 200 pesos que llevas en la cartera.
La primera gran mentira oficial es que la trazabilidad electrónica detiene a los corruptos. Los desfalcos más brutales de los últimos ocho años —desde Segalmex y la compra simulada de medicamentos que hoy tiene en el desabasto a los hospitales de Yucatán, hasta los sobrecostos en obras faraónicas— no se hicieron con costales de billetes; se ejecutaron mediante transferencias interbancarias (SPEI) y facturas digitales falsas (EFOS).
Si todo dejó rastro, ¿por qué reina una impunidad financiera creciente? Porque no existen auditorías independientes ni revisión real de las cuentas públicas. El gobierno dinamitó a los organismos autónomos de transparencia y fiscalización para ser juez y parte. Quien vigila las pantallas del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la misma mafia política que desvía el presupuesto. Cuando el ladrón es el dueño de las cámaras de seguridad, las apaga cuando pasan sus socios y las enciende solo para cazar adversarios.
Más grave aún es que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión hoy están infiltrados en las estructuras financieras y políticas del Estado, imponiendo con dinero sucio a gobernadores, alcaldes y jueces. Los cárteles no lavan sus fortunas en la tiendita de la esquina, sino en constructoras contratistas de los Gobiernos Paralelos y redes protegidas desde el poder. Prohibir el efectivo en la calle no debilitará al narco; solo transformará el “cobro de piso” en transferencias forzadas a empresas fachada, mientras Estados Unidos aplaude con ceguera histórica sin entender que está armando tecnológicamente a un narco-Estado.
La segunda razón de esta medida es la voracidad recaudatoria de un gobierno quebrado. Tras ocho años de vaciar fideicomisos y provocar un crecimiento exagerado de la deuda pública para financiar su maquinaria clientelar, el régimen necesita exprimir a la sociedad en tiempo real. Sin efectivo, condenan a la quiebra al pequeño comerciante entre comisiones bancarias e impuestos inmediatos; paralizan al campo yucateco; destruyen el ahorro familiar, el secreto profesional de médicos y abogados, y secan la caridad anónima en las iglesias. Aún en los trámites oficiales, la microcorrupción de ventanilla pasará del billete en mano a la transferencia obligatoria a prestanombres.
Pero el peligro supremo es político. En un país sin organismos autónomos y con un Poder Judicial capturado donde ningún amparo procede contra el régimen, atar el dinero 100% digital a la CURP Biométrica significa instaurar la Muerte Civil con un solo clic.
El billete físico es el único espacio de libertad donde el gobierno no tiene un botón de apagado. Sin efectivo, al empresario que se niegue a ser extorsionado, al periodista crítico, al sindicato independiente o al candidato opositor en Mérida ya no necesitarán encarcelarlos: bastará con que el SAT o la UIF congelen sus cuentas un viernes por la tarde. Sin poder pagar gasolina, comida, nóminas ni abogados con billetes, quedarán aniquilados civilmente al instante.
Defender el uso del efectivo no es defender la informalidad, es defender la última trinchera de la propiedad privada y la libertad frente a una tiranía financiera que busca el control total.
Santiago Cid.
