Por Santiago Cid.
En la Italia de los años ochenta y noventa, cuando Cosa Nostra y la Camorra habían devorado las entrañas de la República, surgió una casta tan arrogante como peligrosa: los rampolli, los hijos y herederos de los grandes capos. Mientras los viejos patriarcas fingían vivir con austeridad campesina en granjas modestas comiendo pan y queso para engañar al pueblo, sus hijos —como Salvo Riina o Cosimo Di Lauro— disfrutaban de mansiones, trajes de diseñador, relojes de colección y cuentas multimillonarias operadas mediante teste di legno (prestanombres).
Y cuando el periodismo libre o algún fiscal valiente los señalaba, salían ante las cámaras de televisión con un cinismo helado a gritar que eran víctimas de calumnias y que “no existía una sola prueba judicial” en su contra.
Hoy, México presencia exactamente la misma escena mafiosa en el video difundido ayer por Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como el Andy, heredero político del expresidente y exsecretario de Organización de Morena.
Acorralado por el peso de la realidad, Andy apareció ante las cámaras para aplicar el manual clásico de la omertà siciliana: negar y desconocer a su amigo íntimo y principal prestanombres, Jorge Amílcar Olán Aparicio, y culpar rabiosamente a los periodistas de investigación que desnudaron “El Clan”, esa red de tráfico de influencias que saqueó miles de millones de pesos en balasto para el Tren Maya, medicinas con sobreprecio y contratos de Dos Bocas y Pemex.
Pero el pánico de Andy no se debe únicamente a los contratos de obra pública, sino a un expediente mucho más oscuro, que huele a crimen de Estado: los fortísimos indicios y señalamientos directos de testigos en prisión y elementos de la Marina que vinculan a la red de los hijos del expresidente con el huachicol fiscal y el contrabando multimillonario de combustibles en aduanas y puertos.
Con la soberbia de quien se sabe dueño del aparato de justicia, Andy reta a sus críticos gritando que no hay pruebas ministeriales en su contra. ¡Qué desfachatez tan miserable! En la Sicilia controlada por la Democracia Cristiana y Cosa Nostra tampoco “había pruebas” en los tribunales contra los capos y los políticos aliados, por una razón elemental que hoy padece México: porque el propio Estado destruía los expedientes.
¿Cómo puede un ciudadano o un periodista obtener pruebas ministeriales en el México de la Cuarta Transformación cuando las propias dependencias del Gobierno Federal reservan los contratos por “seguridad nacional”, cuando la Fiscalía General de la República se tapa los ojos, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela únicamente a los enemigos del régimen y cuando los funcionarios públicos borran, destruyen u obstaculizan toda información que toque a la familia real de Morena?
En los países capturados por una mafia en el poder, el criminal se siente intocable porque el policía, el auditor y el juez trabajan para él. En Italia, el legendario juez Giovanni Falcone tuvo que enfrentar un Estado infiltrado que saboteaba sus investigaciones desde adentro; solo pudo doblar a los intocables cuando rastreó la ruta oculta del dinero hacia los prestanombres, escuchó a los pentiti (los testigos encarcelados que hoy en México señalan el negocio del huachicol desde las celdas) y aplicó la Ley Rognoni-La Torre, que obligaba a los políticos y a sus familiares a demostrar con ingresos lícitos cómo pagaban su vida de magnates.
Porque lo que vemos hoy en México y en estados como Yucatán —donde el Gobierno Paralelo replica al milímetro este modelo de empresas fachada y moches— no es otra cosa que la versión tropicalizada del Sistema Siino de la mafia italiana.
Así como Angelo Siino sentaba en una misma mesa a los políticos en el poder y a los contratistas fachada para repartirse cada obra pública de Sicilia, la red de Andy y Amílcar Olán institucionalizó el saqueo de las grandes obras nacionales y estatales para financiar campañas políticas y sostener una vida de nuevos ricos, hoteles de lujo, tiendas exclusivas y derroches insultantes.
Y frente a esta podredumbre, el silencio de Claudia Sheinbaum la convierte en cómplice histórica.
Durante seis años, Andrés Manuel López Obrador repitió desde el púlpito mañanero que, mientras él fuera presidente, no metería las manos por sus hijos si cometían actos de corrupción o delitos, salvo por el menor de ellos. Lo que López Obrador jamás le dijo a los mexicanos fue la trampa en la letra chiquita: que él no necesitaría protegerlos, porque dejaría impuesta en Palacio Nacional a una sucesora con la instrucción precisa de blindar, encubrir y garantizar la impunidad absoluta de los “juniors burgueses” de la 4T.
Mientras al ciudadano común y al empresario productivo de Yucatán y de México el SAT y el Gobierno los persiguen con terrorismo fiscal por unos cuantos pesos, los herederos del régimen operan redes de contratistas fantasma, son señalados por marinos y testigos presos en tramas de huachicol y todavía se dan el lujo de grabar videos desconociendo a sus cómplices y amenazando a la prensa libre.
La historia de Italia nos dejó una lección escrita con sangre que Morena debería leer con cuidado: por más que el poder borre expedientes, compre fiscales y proteja a sus rampolli, llega un día en que la podredumbre del sistema revienta, la verdad de los testigos y las rutas financieras salen a la luz —muchas veces desde tribunales internacionales donde el régimen no manda—, y toda la clase política que se creyó eterna termina en la cárcel y hundida en el basurero de la historia.
Santiago Cid.
