Por: Santiago Cid.
En el discurso oficial, el sistema de salud pública avanza hacia estándares de primer mundo. Se cortan listones, se inauguran fachadas relucientes —como el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán en Yucatán— y se anuncian presupuestos históricos. Sin embargo, al cruzar la puerta de urgencias o intentar surtir una receta en el IMSS, en el ISSSTE o en los servicios estatales para la población abierta, la realidad golpea con brutalidad: No hay medicamentos, no hay insumos básicos de curación y no hay material quirúrgico.
Esta carencia generalizada ya dejó de ser una falla administrativa o un problema de logística para convertirse en una tragedia humana. Hoy, en Yucatán y en todo México, el desabasto se traduce en cirugías pospuestas indefinidamente, tratamientos interrumpidos, infecciones no atendidas que terminan en amputaciones y, en el peor de los escenarios, la muerte.
Quienes sobreviven a la espera se ven obligados a migrar a clínicas particulares, empeñando su patrimonio y endeudándose para costear la salud que el Estado les cobra en impuestos pero les niega en los quirófanos.
Ante este escenario cabe hacernos una pregunta elemental: si el presupuesto para la salud existe y se ejerce en el papel, ¿dónde está el dinero y dónde están las medicinas?
La respuesta más sólida no se encuentra en la medicina, sino en la contabilidad forense y en los esquemas de defraudación que hoy operan desde el poder: la simulación de operaciones a través de empresas fantasma.
El mecanismo del saqueo: Cuando el papel aguanta todo
Para entender cómo se vacía un hospital sin que las cuentas públicas parezcan alterarse a simple vista, es necesario explicar el esquema que utilizan las redes de corrupción entre funcionarios federales y sus cómplices estatales.
En el ámbito fiscal existen las llamadas EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y las EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). En el sector privado, este binomio suele utilizarse para evadir impuestos (reduciendo artificialmente la base del ISR y del IVA, o solicitando devoluciones indebidas) y para lavar dinero. Pero cuando este mecanismo contable contamina las compras gubernamentales del sector salud, su efecto es letal.
El esquema opera con una precisión cínica:
1. La validez formal: Una empresa proveedora (o una red de intermediarias) emite una factura al sector salud por millones de pesos en medicamentos oncológicos, antibióticos, gasas o material de cirugía. La factura es técnicamente perfecta: cumple con todos los requisitos fiscales y digitales exigidos por la ley. Es idéntica a cualquier factura legítima.
2. La falsedad material: Aunque el comprobante es válido en su forma, su contenido es absolutamente falso. La operación nunca existió. Los lotes de medicamentos jamás entraron a los almacenes y el material quirúrgico nunca llegó a las manos de los médicos.
3. El desvío y el lavado: Esas facturas sirven para respaldar dos modalidades del fraude: dinero pagado por operaciones que no existieron (recursos públicos que salen de las arcas estatales o federales directamente hacia cuentas de empresas fachada para luego repartirse y lavarse) o dinero no pagado por operaciones simuladas para cuadrar presupuestos desviados previamente.
En pocas palabras: en los archivos contables del gobierno las medicinas se compraron y el presupuesto se ejerció al cien por ciento; en los anaqueles de las farmacias hospitalarias, solo hay aire.
Impunidad sin auditoría
Un esquema de esta magnitud no puede operar de forma aislada. Requiere de una complicidad estrecha entre funcionarios federales —encargados de las megacompras consolidadas y la liberación de recursos— y funcionarios estatales que validan la supuesta recepción de insumos que nunca llegaron.
¿Por qué continúa ocurriendo a plena luz del día? Porque el circuito de la corrupción se cierra con el blindaje de la opacidad. No se realizan auditorías reales a los inventarios físicos frente a los registros contables, y mucho menos se dan a conocer los resultados a la ciudadanía.
Basta con cruzar los folios fiscales de las facturas pagadas con las bitácoras reales de entrada en los almacenes hospitalarios y las recetas no surtidas para desnudar el fraude. Pero no se hace, porque auditar implicaría exhibir que el presupuesto de salud se está drenando a través de factureras para financiar el saqueo político.
El costo humano de una factura falsa
Cuando una empresa privada compra una factura falsa para evadir el ISR o el IVA, comete un delito fiscal que daña a la hacienda pública. Pero cuando un funcionario público utiliza ese mismo esquema de simulación de operaciones en el sector salud, el delito trasciende lo financiero: se convierte en un atentado contra la vida.
Detrás de cada cirugía cancelada en el IMSS o en el ISSSTE, detrás de cada paciente amputado por falta de material de curación y detrás de cada familia yucateca arruinada por pagar un hospital privado, hay una factura perfectamente timbrada en alguna oficina gubernamental que ampara una compra que jamás existió.
Inaugurar edificios hospitalarios mientras se vacía el presupuesto en operaciones simuladas es el acto más acabado de simulación política. Porque un hospital sin medicinas ni insumos no es un centro de salud: es solo un monumento de concreto a la muerte.
Santiago Cid.
