Por: Santiago Cid
La propaganda oficial nos vende un sistema de salud de primer mundo mientras en los pasillos de los hospitales públicos se respira abandono y muerte. En Yucatán nos presumen la flamante inauguración del nuevo Hospital de Alta Especialidad “Dr. Agustín O’Horán”, pero de nada sirven los nuevos muros recién pintados, ni el corte de listón cuando, al igual que en el IMSS y en el ISSSTE de todo el país, no hay medicamentos, no hay material de curación y no hay insumos para operar.
Llamarle a esto “ineficiencia administrativa” o “falla de logística” es ser cómplice. Lo que ocurre en las clínicas de Yucatán y de México es una tragedia inducida: cirugías canceladas, pacientes que sufren amputaciones por infecciones que pudieron detenerse, tratamientos interrumpidos y ciudadanos que mueren esperando una medicina o que terminan en la ruina económica tras endeudarse en hospitales privados por un servicio que ya pagaron con sus impuestos.
Si los presupuestos de salud se aprueban y el dinero se gasta hasta el último centavo en el papel, ¿dónde están las medicinas? La respuesta no está en la medicina, sino en la delincuencia de cuello guinda: el presupuesto se está desviando mediante esquemas de facturación falsa y empresas fantasma.
En la técnica fiscal existen las EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y las EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Este mecanismo criminal se usa para evadir ISR e IVA simulando gastos para reducir la base gravable o pedir devoluciones indebidas, y sobre todo, para lavar dinero. Pero hoy, esa misma maquinaria se ha incrustado en el sector salud en una red de complicidad entre funcionarios federales y estatales.
El atraco es tan cínico como letal. Las dependencias de salud reciben facturas que son formalmente perfectas y cumplen con todos los candados fiscales, pero cuyo contenido es absolutamente falso. Amparan dinero pagado —o supuestos adeudos— por lotes de medicamentos y material quirúrgico que jamás existieron, que nunca se fabricaron y que nunca entraron a un almacén. En la contabilidad gubernamental las gasas, los fármacos y los bisturís están “comprados y pagados”; en la realidad, el dinero público ya fue drenado hacia cuentas fachada para ser lavado y repartido entre políticos y funcionarios corruptos.
Este saqueo opera en la total impunidad porque el régimen se protege con la opacidad. No se practican auditorías forenses ni se cruzan los folios fiscales contra los inventarios físicos reales de las farmacias hospitalarias, y mucho menos se transparentan las cuentas.
Robar el presupuesto de obra pública es un delito grave, pero usar empresas factureras para simular la compra de medicinas es un crimen contra la vida. Cada factura falsa pagada desde el escritorio de un funcionario corrupto equivale a una sentencia de muerte o a una mutilación en una cama de hospital.
Ante este silencio cómplice, ya no bastan las quejas. Es urgente emplazar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que abandonen la simulación y ejecuten una auditoría forense inmediata, cruzando contra las bitácoras físicas de almacén y las recetas rechazadas. Asimismo, es momento de que los Colegios de Profesionistas —de Contadores Públicos, de Médicos y de Abogados— alcen la voz, exijan abrir los registros del gasto en salud y denuncien técnicamente este fraude.
Callar ante el saqueo hospitalario es validar que nos sigan facturando la muerte.
