El conflicto por el control de los cenotes en Yucatán escaló este jueves luego de que comunidades mayas rechazaran de manera frontal lo que califican como un nuevo intento de despojo por parte del Gobierno estatal, tras las declaraciones del gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena sobre la posible clausura de los cenotes X’kekén y Samulá.
Lejos de matizar el conflicto, las comunidades endurecieron su postura: los cenotes no regresarán al control gubernamental ni empresarial.
Desde Dzitnup, autoridades comunitarias denunciaron que durante años la administración estatal —a través de Cultur— permitió que los beneficios económicos de estos sitios turísticos quedaran en manos de unos cuantos, mientras la población permanecía en el abandono.
“Cuando ellos administraban, el pueblo no recibía nada. Hoy los recursos se ven en obras y bienestar. No vamos a regresar al pasado”, sentenció el comisario Baldomero Poot Moo.
El Consejo Comunitario Indígena fue aún más contundente: acusó que existe presión de grupos minoritarios y posibles intereses económicos para arrebatar nuevamente el control a la comunidad.
“El gobierno está del lado de los empresarios”
El respaldo a Dzitnup no tardó en expandirse. Representantes de Ixil, Kinchil, Molas, Sisal y Santa María Chí advirtieron que lo que está en juego no es solo un par de cenotes, sino el control del territorio y los recursos de los pueblos mayas.
Las acusaciones fueron directas: el gobierno estatal privilegia intereses empresariales por encima de las comunidades indígenas.
Incluso, voces comunitarias plantearon un escenario de movilización social si se concreta cualquier intento de despojo.
“Ya perdimos el miedo. Si intentan quitarlos, vamos a responder”, advirtieron.
Tzemé: denuncian ecocidio con respaldo institucional
El conflicto no se limita a Dzitnup. Durante la misma rueda de prensa, comunidades denunciaron la reactivación de obras de la empresa Crío en la zona prehispánica de Tzemé, donde aseguran que ya se han destruido decenas de hectáreas de selva.
Acusaron una presunta red de impunidad, corrupción y colusión institucional que permite la imposición de megaproyectos pese a denuncias previas.
“Parece una política de Estado: imponer proyectos, devastar territorio y silenciar a las comunidades”, señalaron.
El conflicto escala a instancias internacionales
Ante lo que consideran un cierre de puertas a nivel estatal, siete comunidades mayas ya recurrieron a instancias nacionales e internacionales.
En reunión con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CODHEY, denunciaron despojo territorial, criminalización y violaciones sistemáticas a sus derechos.
Advirtieron que el caso podría escalar a mecanismos internacionales si no hay respuesta.
Disputas legales, criminalización y presión territorial
El escenario se complica con múltiples frentes abiertos:
• La empresa Ciudad Maderas busca revertir un fallo judicial tras un proceso señalado por irregularidades.
• Este 6 de mayo se llevará a cabo una audiencia clave en Progreso por más de 300 hectáreas en Ixil, en un caso que comunidades califican como intento de despojo.
•.En Santa María Chí, aunque avanza el retiro de una granja porcícola, persisten denuncias por daños ambientales y omisiones de autoridad.
PROFEPA bajo la lupa: cae delegado en medio de señalamientos
En medio de la creciente tensión, se confirmó la salida del delegado de PROFEPA en Yucatán, José Alberto González Medina, señalado por presuntas irregularidades en casos ambientales vinculados a estos conflictos.
Su relevo ocurre en un contexto donde comunidades acusan a las autoridades de actuar tarde, omitir responsabilidades o incluso encubrir daños ambientales.
