• La organización civil turnó el recurso al Juzgado Primero de Distrito en Mérida; acusan al Poder Judicial de Yucatán de actuar con parcialidad y emitir comentarios discriminatorios contra el pueblo originario.
La Fundación Yansa promovió una demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso dictado el pasado 12 de mayo por la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez. La resolución judicial afecta directamente a dos miembros de la comunidad maya de Ixil y al director de dicha fundación, derivados de una denuncia interpuesta por integrantes de familias de alta influencia económica en Yucatán.
El recurso legal fue formalmente admitido por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, bajo la titularidad de la licenciada Tania Gabriela González Rosas. Ante este escenario, la fundación exhortó a la juzgadora federal que actúe con absoluta imparcialidad y evalúe lo que calificaron como una resolución “incorrecta e incongruente” por parte de la justicia local durante la audiencia celebrada en Progreso.
Acusan discriminación y desconocimiento del marco legal
A través de un comunicado, Yansa solicitó que el caso se evalúe bajo una estricta perspectiva intercultural, en apego a los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los derechos de los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos.
La organización lamentó la postura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, institución que recientemente respaldó el criterio de la jueza Lizama Sánchez. De acuerdo con la fundación, en la audiencia se vertieron declaraciones discriminatorias al calificar a la comunidad de Ixil como un “grupo de choque”.
Asimismo, criticaron que la autoridad judicial local desconociera el carácter indígena de la población de Ixil bajo el argumento de que el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos no se había publicado al momento de presentarse la denuncia.
”Lo anterior evidencia o bien un profundo y preocupante desconocimiento del marco legal mexicano y convencional en la materia, o una extrema falta de imparcialidad con el fin de beneficiar intereses particulares a costa de violar derechos y territorios colectivos”, argumentó la fundación.
Resistencia por el territorio
El organismo civil reiteró que la defensa de los derechos humanos y del territorio no constituye un delito, por lo que confirmaron que mantendrán el acompañamiento legal y comunitario a los pobladores de Ixil en la defensa de las tierras que han cultivado por generaciones.
Se espera que en las próximas semanas el juzgado federal determine la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados, en un caso que ha vuelto a poner bajo la lupa la relación entre el desarrollo inmobiliario, las familias de la élite local y los derechos de los pueblos originarios en Yucatán.
