• La empresa Pecuaria Peninsular deberá pagar una multa de 18.6 mdp y presentar un plan de reparación de daños ante las denuncias de comunidades mayas.
Tras un lustro de resistencia comunitaria y batallas legales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dice que el 29 de abril fue el cierre total y definitivo de la megagranja porcícola en Santa María Chi. Según el reporte oficial, se verificó el desalojo de 41 mil 570 ejemplares porcinos, poniendo fin a las operaciones de la empresa Pecuaria Peninsular en esa comisaría de Mérida.
La medida llega tras la clausura impuesta en septiembre de 2025, motivada por el incumplimiento reiterado de normas ambientales, incluyendo la descarga directa de aguas residuales y el manejo irregular de lodos, factores que han puesto en riesgo la reserva de agua de la región.
Sanciones y reparación del daño
Además del cese de operaciones, la autoridad impuso una multa de 18 millones 668 mil 100 pesos. Sin embargo, el proceso legal no termina con el retiro de los animales. En un plazo de 10 días hábiles, la empresa está obligada a presentar un Estudio de Daño Ambiental final. Este documento es clave, pues de él derivarán las medidas correctivas y de compensación que Pecuaria Peninsular deberá ejecutar para intentar resarcir el impacto en el ecosistema local.
Un triunfo de la comunidad, bajo la lupa
Este caso no es una iniciativa aislada de la autoridad, sino el resultado de la presión ejercida desde 2021 por comunidades mayas y organizaciones civiles. Aunque la Profepa presenta este cierre como un cumplimiento de la ley, en la región prevalece un clima de duda sobre la efectividad real de estas sanciones y la vigilancia a largo plazo para evitar que el daño al acuífero sea irreversible.
La Profepa aseguró que dará seguimiento al calendario de remediación una vez que el estudio sea aprobado, aunque la comunidad de Santa María Chi se mantiene vigilante ante un historial de omisiones institucionales.
