Guillermo Medina, reportero yucateco, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) luego de haber sido detenido de manera arbitraria por elementos de la policía municipal de Bokobá, mientras cubría una actividad informativa en la localidad.
De acuerdo con el testimonio del comunicador, los hechos ocurrieron minutos después de haber realizado una transmisión en vivo relacionada con un evento local. Mientras se encontraba en una tienda, fue interceptado por agentes municipales, quienes en un primer momento le indicaron que no estaba detenido, pero que era sospechoso de un supuesto robo.
A pesar de haber mostrado su identificación como periodista y evidenciar que se encontraba realizando cobertura informativa, Guillermo Medina fue llevado a la fuerza a la comandancia municipal, donde permaneció retenido sin justificación legal. Esta situación ha sido calificada por diversos actores como un acto de abuso de poder y una clara violación a sus derechos fundamentales.
La situación se tornó aún más preocupante cuando, tras su liberación, se le pidió abandonar el municipio de inmediato, con el mensaje claro de que no era bienvenido en la comunidad. “Desde cuándo una autoridad decide quién puede o no estar en una comunidad, especialmente cuando se trata de periodistas que solo ejercen su trabajo”, cuestionó el afectado.
Ante estos hechos, el reportero presentó una queja formal ante la Codhey, organismo encargado de velar por los derechos humanos en la entidad. Se espera que esta instancia investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes.
El caso evidencia las condiciones cada vez más difíciles a las que se enfrentan los periodistas en Yucatán, en especial en comunidades donde la autoridad municipal actúa de forma discrecional y al margen del respeto a las garantías individuales. La detención injustificada, el señalamiento infundado de un delito y la retención forzada del reportero constituyen hechos graves que no deben quedar impunes.
Diversas voces en redes sociales y colectivos de prensa han exigido una pronta respuesta institucional y la garantía de que el ejercicio periodístico no se vea obstaculizado por actos autoritarios o represivos, como los ocurridos en Bokobá.
