En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), un debate incómodo resurge en Yucatán: el uso del activismo social como herramienta de presión política y, presuntamente, como mecanismo para asegurar contratos financiados con recursos públicos.
En el centro de esta discusión se encuentra María Eugenia Núñez Zapata, exdirectora de la desaparecida Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) en el segundo gobierno de Víctor Cervera Pacheco, y figura vinculada a movilizaciones feministas a través de la organización AMISY.
Diversos documentos fiscales y registros de contratación pública sugieren que, paralelamente a su activismo, Núñez Zapata ha mantenido convenios de comunicación y publicidad digital con instituciones gubernamentales, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos entre la protesta social y los intereses económicos.
Facturación al gobierno: el rastro del dinero público
De acuerdo con comprobantes fiscales revisados, la química Núñez Zapata facturó 60 mil pesos mensuales al Gobierno del Estado de Yucatán durante la administración de Mauricio Vila Dosal, bajo el concepto de servicios de publicidad digital.
La factura emitida en mayo de 2022 detalla:
•Monto mensual: 60 mil pesos
•Concepto: inserción de banners para difusión de acciones del Gobierno del Estado
•Dependencia contratante: Secretaría de Administración y Finanzas
•Portal utilizado: Visión Peninsular
De mantenerse ese esquema durante toda la administración estatal, los ingresos derivados de este contrato habrían alcanzado cifras millonarias, sin tomar en cuenta otros cobros por cursos que esa agrupación de feminismo oficialista impartió en los municipios.
A estos montos se sumarían otros pagos registrados en el ámbito municipal.
Documentación revisada indica que durante la administración del entonces alcalde Renán Barrera Concha, el ayuntamiento de Mérida también realizó pagos mensuales a Núñez Zapata o a su portal informativo, que no tiene impacto informativo real.
Entre ellos destacan:
• 26,500 pesos mensuales por servicios relacionados con difusión digital
• 13,500 pesos adicionales bajo esquemas similares
Estos contratos han llamado la atención de algunos sectores del gremio periodístico local, quienes cuestionan que portales con limitada audiencia o impacto digital reciban recursos públicos mientras medios con mayor alcance enfrentan restricciones presupuestales.
Activismo y presión política
Observadores políticos señalan que las movilizaciones encabezadas por Núñez Zapata y la organización AMISY suelen intensificarse al inicio de administraciones estatales o municipales, momentos en los que se renegocian contratos y convenios institucionales.
Según críticos de este modelo, el patrón observado sería:
1. Inicio de una nueva administración
2. Aparición de protestas o posicionamientos públicos
3. Señalamientos de violencia institucional o de género
4. Generación de presión mediática
5. Posterior disminución de la protesta
Aunque este comportamiento no constituye por sí mismo una irregularidad, sí ha despertado cuestionamientos sobre el uso del activismo como herramienta de negociación política.
AMISY y el debate sobre el activismo
La organización AMISY ha desarrollado actividades relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y la visibilización de problemáticas de género en Yucatán.
No obstante, críticos sostienen que la figura de Núñez Zapata ha colocado a la agrupación en medio de un debate público: hasta qué punto el activismo puede convivir con contratos gubernamentales sin comprometer su independencia.
Especialistas en sociedad civil advierten que la transferencia y la rendición de cuentas son claves para evitar que causas legítimas sean cuestionadas o utilizadas políticamente.
Un debate que trasciende el 8M
El caso ha abierto una discusión más amplia en Yucatán sobre la relación entre activismo, financiamiento público y medios digitales.
Mientras algunas voces defienden el derecho de organizaciones sociales a participar en proyectos de comunicación institucional, otras consideran necesario revisar los mecanismos de asignación de recursos públicos para evitar conflictos de interés.
En un contexto donde el movimiento feminista busca mayor legitimidad y justicia social, analistas coinciden en que la transparencia resulta fundamental para evitar que las causas sociales se vean empañadas por intereses económicos o políticos.
