• Tras el retiro de 41 mil cerdos por la resistencia comunitaria, defensores alertan que el cierre no exime a la empresa ni al Estado de restaurar el entorno y frenar el acoso judicial.
La comunidad de Santa María Chi, comisaría de Mérida, escribió un capítulo histórico tras meses de resistencia pacífica: la confirmación del cierre definitivo y el retiro total de más de 41 mil cerdos de la mega granja porcícola operada por Grupo Porcícola Peninsular (Kekén / San Gerardo). Sin embargo, los pobladores y activistas advierten que este logro es solo el inicio, pues ahora exigen una reparación integral de los daños ambientales y el cese inmediato al hostigamiento contra sus líderes.
El desmantelamiento de la planta fue posible gracias a la organización comunitaria encabezada por el líder Wilberth Náhuat Puc, el acompañamiento jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), y una sólida red de organizaciones civiles, académicos y periodistas. No obstante, el frente ciudadano dejó en claro que el fin de las operaciones de la granja no extingue las responsabilidades legales y ambientales de la empresa ni del Estado mexicano.
Las demandas clave de la comunidad
A través del pronunciamiento titulado “No tan rápido Kekén”, los afectados y las organizaciones aliadas lanzaron un pliego petitorio de siete puntos fundamentales para garantizar la justicia socioambiental en la región:
- Reparación integral y restauración ambiental: Exigen planes concretos para sanear el suelo y el agua, financiados por la empresa, además de un monitoreo ambiental independiente con participación comunitaria y atención médica para la población afectada.
- Transparencia en el destino de los cerdos: Demandan información pública sobre el paradero de los 41 mil animales retirados, con el fin de evitar que el impacto ambiental y sanitario simplemente se traslade a otras comunidades originarias de Yucatán.
- Frenar la criminalización de defensores: Denuncian que el líder Wilberth Náhuat Puc continúa siendo objeto de hostigamiento judicial a través de demandas interpuestas por los porcicultores, por lo que exigen detener de inmediato la persecución legal.
- Declaratoria de Emergencia: Solicitan formalmente la implementación de una Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Ambiental para la zona afectada.
Críticas a la inacción de Conagua
El comunicado lanza una dura crítica a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), calificando su actuación de “nula y deficiente”. De acuerdo con los denunciantes, la dependencia federal falló en su obligación de vigilar las descargas contaminantes y proteger el acuífero maya, una omisión que aseguran se repite en cientos de naves industriales que operan con impunidad en el estado.
Con este panorama, Santa María Chi abre una nueva etapa de exigencia de derechos humanos, donde la transparencia y la restauración ecológica serán los ejes centrales para vigilar que el cierre de la mega granja se traduzca en una justicia real para el pueblo.
