Lo que comenzó como una silenciosa transformación en la administración pública de Yucatán se ha consolidado hoy como un “Gobierno Paralelo“. Se trata de una estructura operativa real y profundamente arraigada que, al margen de la institucionalidad, mantiene el control efectivo de las decisiones estratégicas y el manejo del erario estatal, transitando intacta entre partidos políticos de todos los colores.
Este modelo de captura institucional no es reciente; sus orígenes se remontan al ocaso del sexenio de Ivonne Ortega Pacheco. Durante los últimos meses del llamado “Ibonato”, se gestó una red de empresas vinculadas a funcionarios cercanos al entonces secretario de Gobierno, Rolando Zapata Bello. Diseñadas originalmente como brazos financieros y electorales para pavimentar su camino a la gubernatura, estas entidades evolucionaron tras su triunfo en una estructura administrativa centralizada que blindó el control del gasto público.
La evolución del fraude: De los “moches” a la impunidad federal
Con el respaldo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, el sistema perfeccionó sus alcances. El esquema abandonó la obtención de beneficios mediante sobreprecios comunes —los conocidos “moches”— para negociar directamente la comprobación del gasto con instancias federales, debilitando los mecanismos de fiscalización y vulnerando la confianza en la Auditoría Superior de la Federación.
Mientras el gobierno mantenía una fachada de cumplimiento a través de la obra pública visible, sectores críticos como salud, educación y desarrollo rural sufrieron el desvío sistemático de sus presupuestos. Los recursos destinados a medicamentos y servicios médicos esenciales fueron canalizados hacia cursos y capacitaciones ficticias.
Bajo esta misma lógica, aliados políticos se incrustaron en dependencias clave. Un ejemplo de ello fue el Patronato Cultur, convertido en una caja chica financiada por los ingresos millonarios del parador turístico de Chichén Itzá. Paralelamente, se crearon financieras que captaron los fondos de ahorro de los trabajadores del Estado, operando como intermediarios entre funcionarios y empresarios con la complicidad de la Auditoría estatal y el Congreso local para financiar candidaturas municipales.
Transición bipartidista y el salto a la “Cuarta Transformación”
Lejos de desmantelarse, el modelo se sofisticó con la llegada del panista Mauricio Vila Dosal. Las estructuras paralelas, ahora integradas por coaliciones de políticos y empresarios, comenzaron a financiar campañas con recursos de programas sociales. Pese al cambio de partido, muchos operadores del grupo de Zapata Bello permanecieron en funciones, perpetuando la falta de rendición de cuentas.
Durante el sexenio de Vila se ignoraron los desvíos de las financieras, se implementó el sistema de transporte “Va y Ven” como un nuevo canal de absorción de recursos y se aprobaron endeudamientos con el aval de legisladores opositores.
El último giro de esta estructura ocurrió en las elecciones de 2024. El grupo empresarial y político apostó por Joaquín Díaz Mena, candidato de Morena. Con su triunfo, el esquema dio el siguiente paso: la apropiación directa de la administración pública mediante la colocación estratégica de funcionarios clave en áreas jurídicas y administrativas de cada dependencia, garantizando el direccionamiento del gasto público hacia empresas vinculadas y prestanombres.
El panorama actual emula las viejas prácticas políticas de los años 70: triangulación de recursos, empresas fantasma y un control férreo sobre la comprobación del gasto. Frente a una estructura diseñada para responder a pactos de poder cupulares, la ciudadanía yucateca enfrenta el reto de exigir una verdadera transparencia y rendición de cuentas.
