• Con más de 7 mil alojamientos en plataformas digitales, la capital yucateca se consolida como potencia turística, pero el sector formal exige “piso parejo” ante el crecimiento desmedido de operadores multitítulo.
La capital yucateca ya juega en las grandes ligas de las plataformas digitales de hospedaje, pero su acelerado crecimiento ha encendido las alarmas del sector turístico formal. Mérida ya se ubica entre los diez municipios de México con mayor número de alojamientos en Airbnb, una realidad que refleja el enorme atractivo de la región, pero que también exhibe una creciente disparidad frente a la hotelería tradicional.

De acuerdo con datos recientes de Inside Airbnb, analizados por la organización Quinto Elemento Lab, Mérida concentra más de 7 mil propiedades activas en la plataforma. El fenómeno no es exclusivo de la capital: municipios como Valladolid y Progreso también registran un alza significativa. En conjunto, la Península de Yucatán y el Caribe mexicano concentran una quinta parte de toda la oferta de corta estancia en el país.
El negocio de los “multipropietarios”
Los datos revelan un cambio drástico en la naturaleza del servicio: la narrativa de la “economía colaborativa”, donde familias locales rentaban una habitación extra de forma ocasional, ha quedado atrás. Hoy en día, la mayor parte de este mercado es acaparado por operadores que administran decenas o incluso cientos de propiedades simultáneamente, operando como hoteles de gran escala pero sin las mismas obligaciones fiscales ni administrativas.
“Que Mérida esté entre las diez ciudades del país con más alojamientos habla muy bien de nuestro destino. Pero un crecimiento de esta magnitud también nos obliga a poner orden”, señaló Jordy Abraham Martínez, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR). “No se trata de prohibir ni de ir contra nadie: se trata de que quien ofrece el mismo servicio juegue con las mismas reglas y de emparejar el piso con la hotelería”.

Regulación e impuestos: La disparidad del sector
El directivo empresarial apuntó que mientras un hotel formal debe cumplir con una estricta lista de requisitos —permisos municipales, dictámenes de protección civil, verificaciones sanitarias e impuestos locales y federales—, un gran porcentaje de las rentas vacacionales opera en la informalidad, sin un registro que permita al Ayuntamiento conocer su ubicación exacta o el estado de sus instalaciones. Por ello, CETUR demanda que quienes operan de forma habitual cumplan con los mismos gravámenes estatales, derechos municipales y licencias de funcionamiento.

Seguridad pública: El “punto ciego” de las plataformas
Más allá del impacto económico, CETUR puso énfasis en un aspecto crítico para la entidad: la seguridad. A diferencia de los hoteles, que mantienen un control estricto e identificado de sus huéspedes, la opacidad en muchas plataformas digitales impide saber quiénes entran y salen de los barrios residenciales, generando preocupación entre los vecinos.
“No se puede cuidar lo que no se conoce. Tener identificado quién renta y dónde, es el primer paso para que Yucatán siga siendo el estado seguro que hoy nos distingue”, enfatizó Jordy Abraham Martínez, al señalar que un registro obligatorio no es burocracia, sino una herramienta de prevención del delito.

El llamado a las autoridades
El organismo empresarial subrayó que actualmente existen la tecnología y los datos necesarios para mapear, fiscalizar y ordenar esta actividad, como ya se realiza en otros destinos turísticos de México. CETUR manifestó su disposición para colaborar con los distintos niveles de gobierno en la creación de un marco normativo que ordene el hospedaje digital, garantizando que el crecimiento turístico de Yucatán sea seguro, justo y sostenible para las comunidades locales.

