• Sergio Oceransky señala colusión entre autoridades ambientales y desarrolladoras inmobiliarias tras su detención arbitraria; alertan por la criminalización de defensores en Ixil y Santa María Chí.
En una conferencia de prensa, el defensor ambiental Sergio Oceransky, respaldado por líderes de las comunidades de Ixil, Kinchil, Santa María Chí y Uayalceh, denunció ser víctima de un “montaje judicial” diseñado para frenar su lucha contra megaproyectos inmobiliarios que amenazan el ecosistema costero de Yucatán.
Oceransky relató los pormenores de su reciente detención arbitraria en Jalisco, la cual calificó como una estrategia para “sacarlo de circulación”. A pesar de contar con una suspensión definitiva contra el proyecto Ciudad Maderas —otorgada en octubre de 2025 tras demostrar riesgos de colapso en manglares y humedales—, el activista fue arrestado bajo procesos plagados de irregularidades.
Corrupción y omisión en PROFEPA y SEMARNAT
Señaló directamente a la PROFEPA y la SEMARNAT por encubrimiento de crímenes ambientales. Según Oceransky, la Procuraduría ha validado la legalidad de Ciudad Maderas a pesar de tener conocimiento de “gravísimas violaciones” desde 2024. “Se trata de un caso clarísimo de falsedad testimonial y encubrimiento por parte de funcionarios federales”, afirmó.
El frente de batalla en Ixil
La presión judicial no termina. Tras ser liberado en Jalisco por falta de pruebas, la Fiscalía de Yucatán reactivó una denuncia de 2022 interpuesta por las familias Abimerhi y Millet. Los empresarios reclaman la posesión de tierras que la comunidad de Ixil ha trabajado por generaciones.
Oceransky subrayó que las pruebas presentadas en su contra —videos de talleres sobre derechos colectivos— solo confirman su labor como defensor del territorio, lo cual no constituye un delito.
ÚLTIMA HORA: La audiencia programada en Progreso por el caso Ixil ha sido diferida para el próximo 6 de mayo a las 9:00 AM.
Un patrón de criminalización
El evento también dio voz a Wilberth Nahuat Puc, Comisario de Santa María Chí, quien denunció una “recriminalización” por su oposición a las granjas porcícolas. Las comunidades de Uayalceh y Kinchil se sumaron a la exigencia de protección al Gobierno del Estado, advirtiendo sobre el riesgo de acciones extrajudiciales y represalias violentas contra quienes defienden la selva y el agua.
