El gobierno paralelo de Yucatán, a través de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), ha puesto en manos de un solo proveedor privado el control absoluto de uno de los servicios más críticos y sensibles de la medicina pública: la anestesia. Mediante el contrato número LA-90-Y95-931007985-N-07-25-C2, los ventrilocuos del guitarrista Joaquín Díaz Mena adjudicaron 36.6 millones de pesos a la empresa Santek Health S.A. de C.V.
El alcance del acuerdo no se limita al suministro de fármacos; otorga a la compañía el control total de la cadena de anestesia, que incluye la instalación y mantenimiento de equipos, insumos, capacitación y la operación técnica en tres puntos estratégicos de la entidad: el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” en Mérida, y los hospitales comunitarios de Valladolid y Tizimín.
Esta centralización genera una dependencia estructural alarmante: cualquier falla logística o desabasto por parte de la empresa paralizaría de inmediato los quirófanos del estado. Sin embargo, el riesgo técnico es solo la superficie de una trama más profunda.
El antecedente de riesgo en el Hospital O’Horán
La asignación de este contrato millonario ocurre a pesar de que Santek Health ya arrastra un historial de alertas sanitarias en la entidad. En el propio Hospital O’Horán, autoridades estatales confirmaron el hallazgo de serias inconsistencias en los registros sanitarios y certificados analíticos de un anestésico suministrado por esta empresa.
El producto tuvo que ser suspendido de emergencia tras reportarse reacciones adversas en pacientes pediátricos. El caso fue turnado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) bajo la sospecha de alteración o falsificación del medicamento, un hecho de extrema gravedad en el ámbito hospitalario.
El dato: Investigaciones periodísticas y de auditoría ubican a Santek Health dentro de un consorcio de distribuidores considerados “irregulares” que acumula al menos 391 millones de pesos en contratos simulados o cuestionados en el país.
Red de empresas y opacidad en el gasto público
El documento oficial identifica como administrador único a Rafael Sánchez Aldaco, pero los vínculos de la empresa se extienden a una red más amplia que incluye firmas como Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora. Este esquema de triangulación ya ha sido observado en estados como Morelos, donde empresas ligadas al mismo grupo recibieron más de mil millones de pesos; auditorías posteriores revelaron pagos sin comprobación de insumos ni bitácoras de servicio.
En Yucatán, el escenario repite patrones de opacidad. A pesar del monto de 36.6 millones de pesos y del peligro latente que representa para los pacientes, no existe información pública accesible que certifique el cumplimiento del contrato. Los Servicios de Salud de Yucatán no han transparentado actas de entrega, reportes de consumo hospitalario ni evaluaciones técnicas sobre el desempeño del proveedor.
Mientras el discurso oficial promete una transformación en el sistema de salud de Yucatán, las decisiones financieras en las áreas más vulnerables apuntan a la consolidación de un monopolio privado cercado por las dudas sanitarias y la falta de rendición de cuentas.
